La futura Ley de Memoria Democrática que elabora la Junta de Andalucía incluirá mecanismos coercitivos, con sanciones de entre 300 euros y 30.000 euros, a aquellas administraciones que mantengan simbología franquista en espacios públicos.
La normativa tratará de "evitar trampas como las que están haciendo algunos", según ha señalado en rueda de prensa en Granada el parlamentario socialista Javier Aragón, que ha adelantado además que la Junta de Andalucía podrá proceder a la retirada de este tipo de símbolos.
Aragón ha subrayado que el objetivo de la ley es impedir que haya cualquier tipo de "puerta de atrás que impida su aplicación", como sucede ahora. La futura normativa andaluza, además, plantea realizar un inventario de la simbología franquista que aún permanece en espacios públicos y establecer un calendario para su retirada. "La idea es realizar ese calendario de manera consensuada y que todas las instituciones, que entendemos que son democráticas, hagan fe de esa democracia", ha señalado.
El parlamentario socialista ha criticado que aún permanezcan símbolos franquistas en la vía pública aprovechando algunas "lagunas legales". En ese sentido, se ha referido al monolito a José Antonio Primo de Rivera que el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada "se niega a retirar", según ha dicho, de la plaza de Bibataubín. "Los mismos que homenajean a Federico García Lorca le dan un reconocimiento a Primo de Rivera", ha indicado.
Aragón ha subrayado que la futura Ley de Memoria Democrática, que elabora la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, forma parte del pacto de gobierno suscrito por el PSOE e IU. "La nueva ley, que se presentará al pleno del Parlamento a finales de octubre o principios de noviembre, "supone un reconocimiento a las víctimas", ha agregado. También ha destacado que entre los objetivos de la ley se encuentra la participación ciudadana y el reconocimiento moral y social a las víctimas de la represión y a sus familiares.
Además, según el parlamentario socialista, la futura ley incluye como novedades la creación de un Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, en el que se propone que participen todos los grupos con representación parlamentaria.
"También plantea la posibilidad de crear un censo de personas que fueron fusiladas, la creación de un comité técnico y de un banco de ADN, además de unos mapas de localización de lugares de memoria, que ya cuenta con más de 50 propuestas", ha precisado. Aragón ha explicado que "los gastos derivados de cualquier intervención serán abonados por la Junta en parte o en su totalidad" y que la nueva ley andaluza también establece la declaración de interés público y social de Lugares de Memoria. "No olvidemos que Andalucía es una de las comunidades donde más cruenta fue la represión, con más de 50.000 fusilados y más de 614 fosas sin abrir", ha agregado.