El juez del caso Palau ha concluido, al finalizar la instrucción, que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) se lucró con casi cinco millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial, a cambio de "adjudicaciones de obra pública" por parte de "la Generalidad".
Casi cuatro años después de la irrupción de los Mossos en el Palau de la Música, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por terminada la instrucción de la causa en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull, según informa la Agencia Efe.
CDC responsable "a título lucrativo"
"Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2009 Félix Millet -expresidente del Palau de la Música imputado-, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa", sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abreviado dictado este martes.
El juez mantiene al término de la investigación como "responsable civil subsidiario a título lucrativo" a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.
Los pagos que presuntamente recibió CDC de Ferrovial al menos desde 1999 se camuflaban como donaciones de esta empresa para patrocinar la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, pero en realidad eran pagos de comisiones por obra pública adjudicada por la Generalidad y otras entidades públicas.
En estas operaciones intervinieron presuntamente por parte del partido presidido por Artur Mas su tesorero hasta 2005, Carles Torrent -ya fallecido-, su sucesor Daniel Osácar, y el destacado militante y diputado Jaume Camps, también imputado.
Actuaron además presuntamente con la ayuda de otros miembros del partido que mantenían contacto con los cargos públicos de la Generalidad -y otras instituciones- vinculados al partido, que tenían el poder de decidir las adjudicaciones de obra pública: "La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción", sostiene el juez.
A través de este sistema Ferrovial pagó supuestamente a CDC comisiones por la construcción de la Línea 9 de Metro de Barcelona, por la construcción de la Ciudad de la Justicia, de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) gobernado por el partido, y por obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro.
Un 2,5 para CDC
Ferrovial presuntamente abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación --se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente--; también Camps recibió remuneración al menos en una ocasión, en marzo de 2003.
Los pagos de la constructora a CDC se hacían de tres formas distintas que suman casi 5,2 millones de euros: entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación falsa por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante la apariencia de convenios de colaboración por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música con la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), vinculada al partido.
El presunto desvío de fondos a CDC forma parte del "verdadero expolio" que Millet protagonizó en el Palau de 2003 a 2009, aprovechándose de su poder absoluto en la institución y de la dejación de funciones de control de los órganos que tenían que controlarlo.
Para este expolio contó dentro del Palau con la con la colaboración de Montull, de su hija Gemma –que sustituyó al padre en 2003 en la dirección económica bajo su dependencia directa- y de la también imputada Rosa Garicano, con "una estrecha relación personal y de confianza" con Millet.
CDC carga contra el juez
Desde la Generalidad, su portavoz, Francesc Homs, ha asegurado que "en la resolución del juez no hay ningún hecho probado y el perjudicado, que es el Palau, no dice lo mismo". En un comunicado, CDC ha seguido descalificando los indicios y ha asegurado que "no tienen una base sólida" y que es "una reiteración de las conclusiones del fiscal".
El portavoz de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que es "un caso de extrema gravedad" y que "desmonta las palabras de Mas del último pleno" cuando aseguró que la palabra del Fiscal no tenía credibilidad. La imputación confirmada por el juez del extesorero de Convergencia ha merecido el calificativa de "el Barcenas de Mas" aunque, según Rivera, "hay una gran diferencia, Bárcenas está en la cárcel y Osácar no". Ciudadanos cree que el Gobierno de Mas "queda tocado" por este caso.
Desde el PSC, su portavoz, Jaume Collboni, ha asegurado que a medida que el proceso judicial del caso Palau avanza, "se hace buena" la sospecha del expresidente de la Generalidad Pasqual Maragall sobre el presunto cobro de comisiones del 3% sobre adjudicaciones de obra pública. Los socialistas catalanes también han expresado su deseo de saber toda la verdad y que se devuelva, si corresponde, el dinero público que se haya malversado.