Sobre el papel, la reforma de la administración sigue dando muestras de su profundidad. A la espera de que este viernes el Consejo de Ministros apruebe su informe -2.000 folios con más de 200 medidas concretas a aplicar- , el Gobierno dio nuevos detalles en el marco de un foro que tiene por objeto acercar los detalles del ajuste a los ciudadanos. En esta ocasión, fue la vicepresidenta -que ha pilotado los trabajos-, junto a los ministros de Hacienda e Industria, la encargada de explicar la "auténtica ITV" que ha sufrido la administración.
Soraya Sáenz de Santamaría no se cansa de repetir que es sencillo crear entes públicos pero muy complicado acabar con ellos. La maraña de competencias es compleja, se encargan de recordar fuentes del Ejecutivo. Si bien, este jueves, puso cifras encima de la mesa. Para empezar, se cerrarán, reformarán o reducirán hasta 57 organismos públicos para mejorar su eficacia -lo que supondrá un ahorro que no fue desvelado- y suprimirá 17 de las vigentes 48 fundaciones del Estado.
El dato más llamativo está en el número de observatorios autonómicos y estatales que se pretenden cerrar: un total de 90, si bien ahora todo pasa por la negociación con las comunidades autónomas. Así lo reconoció el propio Mariano Rajoy, cuando instó a eliminar las agencias de meteorología o las ‘embajadas" de las comunidades pero, a renglón seguido, apuntó que el informe no es definitivo sino que ahora empieza el diálogo.
En todo caso, la vicepresidenta instó a comunidades y ayuntamientos a acabar con "cualquier apriorismo de naturaleza territorial o ideológica" porque el objetivo es la racionalización. La negociación no será fácil, admiten. La prueba de fuego será el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará a primeros de julio. "En esto somos todos compañeros y estamos llamados a superarnos", destacó Sáenz de Santamaría en víspera de que el presidente reciba al líder de la oposición.
La portavoz puso el foco en el número de agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales y los órganos de inspección de aeropuertos. Todos ellos son susceptibles de eliminación, dejó caer. En el informe así se incluye, como también un organismo muy conocido: el Defensor del Público. Algunas regiones, recuerdan en el Ejecutivo, ya han eliminado esta figura sin problemas como Castilla-La Mancha y Murcia. También se sugiere la posibilidad de reducir el número de diputados en las Cortes regionales.
Hoja de ruta con las CCAA incumplidoras
La gran duda reside en si las comunidades -principalmente las gobernadas por nacionalistas, propensas a un aparato paralelo- acabarán cediendo a las pretensiones del Ejecutivo. Desde Moncloa se admite que, con el actual modelo autonómico, tan sólo pueden "recomendar" que adelgacen sus estructuras. "La filosofía de la reforma no es la desconfianza", llegan a asegurar. Si bien, recalcan: todas tienen que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, ésa es la línea roja.
Las comunidades autónomas tendrán que cumplir con los objetivos de déficit. Sin excepción, insisten. Y el consejo del Ejecutivo será que antes de recortar en áreas sensibles, como educación o sanidad, apliquen la anunciada reforma. Incluso irán a los medios de comunicación como forma de presión: "Tendrán que enfrentarse a la opinión pública", advierten.
El FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, es otra "herramienta" al servicio del Ejecutivo para hacer cumplir su hoja de ruta. Cataluña se beneficia de esta línea de liquidez para pagar facturas. Los diseñadores de la reforma son muy claros en este sentido: "Cuando hay una comunidad que no cumple en materia de estabilidad, hay una serie de instrumentos para que se puedan hacer cumplir las sugerencias".
En todo caso, y al igual que hizo en la víspera Rajoy defendiendo el papel del modelo económico, Sáenz de Santamaría quiso ensalzar el esfuerzo de los barones autonómicos. Según cálculos de Moncloa, las comunidades ya han cerrado o están en fase de liquidación 535 entes públicos, aunque la cifra acabará elevándose a 718. El Gobierno no busca choque de trenes: si algunas regiones consiguen rebajar el coste de algunos organismos en la lista a eliminar entonces no habría que clausurarlos. "El objetivo es la eficiencia", insisten.
Rajoy y Rubalcaba se acercan
Rajoy arrancó del líder de la oposición su disposición a pactar la reforma de la administración en su despacho en la Moncloa. Si a ella se unen las comunidades autónomas, el acuerdo parece más que factible. "Voluntad de diálogo y, ojalá, de acuerdo", repitió varias veces Alfredo Pérez Rubalcaba en rueda de prensa. Puso un requisito: "Es imprescindible que se cuente con las comunidades autónomas. Le he recordado que Griñán -presidente andaluz- ya manifestó su voluntad de acuerdo". Y, en este sentido, le instó a convocar la Conferencia de Presidentes, si bien aún no hay fecha.
Es inusual que Rajoy salga en rueda de prensa tras recibir a un invitado que no sea jefe de Estado o de Gobierno. Pero lo hizo. "Hemos hablado de un tema de la mayor importancia: la reforma de la administración", reconoció, para destacar que "no es una cuestión ideológica" y abrir así las puertas al pacto.