El Gobierno da enorme trascendencia a la decisión del Tribunal Constitucional. A su juicio crea un precedente muy importante ya que se trataba de una declaración política y no las tenía todas consigo sobre si el tribunal entendería que tuviera efectos jurídicos. Admitido a trámite su recurso por amplia mayoría (ocho votos a cuatro), en Moncloa se reafirman en su idea de que hablar de Cataluña como un sujeto “jurídico y político soberano” es inconstitucional.
En un primer momento, desde el entorno de Mariano Rajoy se transmitió la posibilidad -más bien un deseo- de que la Generalidad diera un paso atrás y se centre “en lo importante”. Esto es, a su juicio, en dar solución a la grave crisis económica que azota a Cataluña, al borde de la quiebra. En voz de un ministro, lo que tendrían que hacer es “preocuparse en los problemas que, de verdad, afectan a los ciudadanos”.
Los pasos de Mas en el Parlamento regional muestran que no está por la labor. En el Ejecutivo destacan que en privado son “mucho más suaves”. Como la seda si el interlocutor es el consejero de Hacienda: “Entonces nunca hablan de independencia, sólo de dinero”, desvelan. Pero, admiten, en público la imagen que siguen ofreciendo es de insumisión.
Así, la respuesta del Gobierno es la de firmez sin estridencias. El Ejecutivo catalán tiene que “acatar” la decisión del Constitucional, fue la advertencia del ministro del ramo. La Carta Magna “nos obliga a todos”, le recordó Alberto Ruiz Gallardón a Mas.
Ahora bien, si quiere seguir con su pulso secesionista, el Gobierno enseñó el único camino posible: plantear una reforma de la Constitución. “Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, hay que hacerlo lealmente como una reforma de la misma”, retó Gallardón. En privado, varios portavoces del gabinete fueron más lejos: “Esperamos al señor Mas en el Congreso, aquí verá la opinión del pueblo español”.
El caso Ibarretxe
Rajoy tiene muy presente lo que le ocurrió a Juan José Ibarretxe cuando decidió dar el paso y acudir a la sede de la soberanía nacional: primero, su plan recibió el rechazo mayoritario de la Cámara y, a renglón seguido, cayó en el ostracismo. Hoy, se congratulan desde Moncloa, Iñigo Urkullu guarda en un cajón sus pretensiones secesionistas y se centra en lo económico.
Venga de Cataluña o del País Vasco, el Gobierno deja claro que una modificación de la Carta Magna obligaría a preguntar al conjunto nacional. Así lo expuso el propio Rajoy, este mismo lunes, en el Comité Ejecutivo del PP a puerta cerrada. Entonces dijo que hará cumplir el marco jurídico en caso de que Mas siga adelante y convoque el referéndum ilegal.
En todo caso, el Gobierno espera que, con los ánimos más templados, Mas acabe cediendo “y se centre”. Pero ya no se fían ni del presidente regional ni de sus interlocutores en la Generalidad. Sólo verán pasos claros en esta dirección si el distanciamiento con ERC se convierten en una realidad.