La relación entre el Ejecutivo y la Iglesia se ha enrarecido en los últimos días. De golpe y porrazo. En Moncloa disgustó que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, pusiera deberes a Mariano Rajoy mientras éste se encontraba en el Vaticano despachando con el Papa. Después, el PP quiso enfatizar que la nueva ley del aborto, que en principio estará lista para mayo, no será del gusto "de los obispos".
En este clima atípico -en el Gobierno hay destacados ministros declarados católicos que sirven de puente-, la vicepresidenta confirmó que la Iglesia quedará incluida en la ley de transparencia en tanto en cuanto recibe partidas que dependen de los Presupuestos Generales del Estado, tal y como avanzó La Razón. Si bien, Soraya Sáenz de Santamaría no quiso dar más detalles a la espera de que se celebren los preceptivos contactos con la Santa Sede.
Hasta que no se entablen contactos, de los que no hay fecha oficial, el Ejecutivo quiere ser muy comedido para evitar recelos. El propio Rajoy, desde el Vaticano, ensalzó el papel de la Iglesia en tiempos de crisis, principalmente a través de Cáritas. En ningún caso, el presidente querría un enfriamiento del ambiente, a pesar de que su relación con monseñor Rouco no es la ideal.
Sobre la cuestión en sí, Sáenz de Santamaría quiso quitarle hierro al asunto, al recordar que son muchas las instituciones o empresas que, sin ser administración del Estado, reciben dinero de las arcas públicas y serán objeto de vigilancia. Sin ir más lejos, la Casa del Rey. "Esto requiere definirlo muy bien", expuso, no sin antes explicar que la ley estaba pensada, en principio, únicamente para regular las entrañas estatales, y de ahí que se esté en un proceso de análisis en el que trabajan varios ministerios.
La clave de la norma pase porque, una vez aprobada, haya un control "del modo de gestión que se hace del dinero público". Y como la Iglesia es subvencionada, también tendrá que pasar por ese control.
Ley del aborto
Sobre la ley del aborto, y una vez este diario avanzó que el plan de Justicia pasa porque esté lista para antes de verano, la vicepresidenta insistió en que se está elaborando "pensando en el interés general" y "con criterios y principios propios". Esto es, sin la presión de la Conferencia Episcopal. "Sobre la interpretación de las palabras de la Conferencia Episcopal, el Gobierno respeta las opiniones que cada uno pueda tener respecto de su actuación, pero tiene que ir oyendo a todos y cumplir con lo que le parezca más oportuno en cada caso, y tomar decisiones basadas en el interés general", dijo la vicepresidenta.