El Gobierno no sabe "cuántos funcionarios españoles hay trabajando en el extranjero", en las decenas de embajadas y oficinas comerciales que hay diseminadas por los cinco continentes. Así lo ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, este viernes, tras el Consejo de Ministros que ha aprobado el anteproyecto de ley de acción exterior y servicio exterior del Estado. Ésta es una norma que busca, en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, que el conjunto de las instituciones actúen en el extranjero bajo una "dirección política", con los mismos fines y objetivos.
En este sentido, García-Margallo ha recordado que cuando él pertenecía a la UCD, a finales de los años 70, ya se hablaba de la necesidad de una ley que coordinase los diferentes organismos públicos españoles en el extranjero. En aquel momento, ha contado el ministro, alguien resumió la situación diciendo: "Hemos podido pasar de una dictadura a una democracia, pero no somos capaces de organizar nuestro servicio exterior".
Lo cierto es que casi todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces han intentado reabrir el melón sin conseguirlo. Hay muchos ministerios implicados en la cuestión (Exteriores, Cultura, Economía, Comercio,...) y la internacionalización administrativa de las comunidades autónomas tampoco ha ayudado. Este viernes, el Gobierno pone la primera piedra en el camino, con el objetivo, según la vicepresidenta, de dotar de "coherencia" al trabajo de estos funcionarios. Lo que se necesita, es saber "qué nos interesa, por qué se actúa y cómo se debe actuar", ha añadido.
Será el Consejo ejecutivo de política exterior el que defina esa estrategia en el exterior, con procesos de evaluación anual para comprobar si se han cumplido los objetivos. A su juicio, es necesario que el conjunto de las instituciones del Estado actúen "bajo una dirección política, de forma coordinada con los mismos fines y los mismos objetivos".
Se establecerá también una racionalización del los servicios del Estado en el exterior para centralizar servicios y rediseñar el despliegue. Sáenz de Santamaría ha enmarcado la norma en el proceso de reforma de las administraciones públicas y en la necesidad de dar respuesta a los retos de un entorno internacional cambiante y complejo.