El Gobierno siempre defendió su cautela en el hecho de que todavía no había ningún hecho concreto que responder más allá de propuestas que no habían sido aprobadas. El escenario cambió radicalmente este miércoles: según el Parlamento de Cataluña, la región es un "sujeto político y jurídico soberano" y, por ello, se abre un proceso para hacer efectivo el "derecho a decidir".
Una declaración contra la Constitución y las leyes firme y oficial que pilló al presidente volando hacia América Latina, donde inicia una gira de cuatro días por Perú y Chile. Las fuentes consultadas se remitieron a la declaración que tiene prevista este jueves en Lima, aunque las claves de su estrategia ante este nuevo escenario las dio ante su Comité Ejecutivo, a puerta cerrada, hace tan sólo dos días.
"En la Constitución y en las leyes es dónde tienen que tener acomodo las aspiraciones de todos los españoles", afirmó el presidente, sin micrófonos delante, ante los suyos. Más aún, y en este sentido incluyó el papel del Partido Popular, "nuestro ámbito es la defensa de la solidaridad y la cohesión nacional, como ha estado siempre".
El presidente ni mucho menos dio por disipado su irrefutable interés en recuperar cauces de comunicación. Se mostró "desde la franqueza, abierto a hablar con todo el mundo", en palabras de María Dolores de Cospedal. Contactos que quiere recuperar a pesar del episodio de este miércoles, interpretan fuentes populares, algo que por otro lado el propio Rajoy daba por descontado. "No se entiende que en Europa y en su construcción haya algunos que estén cuestionando la unidad y traten de fracturar", fue su diagnóstico ante la amenaza secesionista.
En Moncloa incluyen un punto más en el argumentario. "El efecto desestabilizador" que las intenciones de la Generalidad puede provocar. "En un momento en el que los indicadores económicos nos empiezan a ser positivos, España podría verse muy perjudicado por cosas como éstas", en voz de un ministro consultado.
Se descarta un recurso ante el TC
Lo único evidente, afirman solemnes en Moncloa, es que el "principal deber" del Ejecutivo es "cumplir y hacer cumplir" la Constitución, y de ahí que haya empezado a estudiar la opción de tomar alguna medida, que podría ser anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría el viernes, al término del Consejo de Ministros. Antes, desde Lima, vendría la respuesta por parte del presidente.
Primero, el gabinete está estudiando con detalle el texto. Y no se descarta que se tome una acción "política" o, incluso, "de otra índole" para frenar el desafío. "Ésta es una declaración política, no una ley, y la respuesta tendría que venir en este sentido", explican las fuentes. José Manuel García Margallo, el único ministro que se pronunció públicamente, se pronunció en la misma línea, rechazando la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El precedente no es otro que el plan Ibarretxe. Entonces, "se presentó un recurso y el alto tribunal lo rechazó por una cuestión de forma". En palabras del titular de Exteriores, "el recurso sería extraordinariamente difícil", si bien reconoció su "preocupación" ante el pulso de Artur Mas. "Cada cosa tiene sus efectos y eso es lo que determinaremos", dijo el día once la vicepresidenta, y ésta sigue siendo la respuesta oficial. Lo único claro, enfatizó, es que "lo que están haciendo no se puede hacer".