Independientemente del dinero disponible, cada organización tiene que tratar de estructurarse de la forma que considere más eficiente o deseable. En España, la Constitución optó por definir un modelo descentralizado de gestión en tres niveles básicos (estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos) que en teoría no tendría por qué ser peor que otros modelos con distinto grado de centralización.
Sin embargo, la ambigüedad de la Constitución permitía modificar extraordinariamente el peso relativo de esos tres niveles. Y la clase política ha aprovechado ese hecho para poner en marcha, a lo largo de los últimos treinta años, un proceso de descentralización en el que el Estado ha ido cediendo cada vez más competencias a las Comunidades Autónomas, hasta quedar prácticamente reducido a un papel residual, de mero encargado de pagar las pensiones y el seguro de desempleo.
¿Y por qué se ha hecho eso? ¿Es que acaso se trataba de una demanda social? Para responder a esa pregunta, acudamos a los datos demoscópicos disponibles. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha ido pulsando año tras año la opinión de los españoles sobre la organización territorial del Estado y sobre el proceso de descentralización autonómica. Y los resultados de esa labor de prospección sociológica resultan bastante sorprendentes y reveladores.
Un estado autonómico artificial
La gráfica siguiente muestra la actitud de los españoles sobre el proceso de descentralización, indicando cuántos eran partidarios en cada momento de dar más competencias a las CCAA y cuántos eran contrarios a hacerlo:
Como puede verse, los españoles nunca han sido partidarios de que el Estado cediera más competencias a las autonomías. Al preguntarles sobre el grado de autogobierno, una clara mayoría de los españoles se mostraba partidaria, año tras año, de dejar el estado autonómico como estaba o incluso de quitar competencias a las CCAA. Por cada español partidario de descentralizar, había dos españoles opuestos a hacerlo.
Pero, en contra de la opinión mayoritaria de los españoles, la clase política ha ido cediendo, año tras año, cada vez más competencias a las autonomías. Lo cual demuestra que el estado autonómico y su actual nivel competencial nunca han sido otra cosa que un invento de nuestra clase política, empeñada en llevar a cabo una centrifugación del Estado que la sociedad ni demandaba, ni quería.
El resultado de ese proceso de descentralización no ha sido una mejora en la eficiencia del servicio al ciudadano, sino un aumento de la desigualdad entre los españoles, una proliferación de castas políticas locales, una multiplicación injustificada del gasto público, una perpetua vulneración de los derechos constitucionales en buena parte del territorio y una creciente ineficiencia de nuestra economía.
Con la crisis hemos topado
Mientras el dinero fluía, las desigualdades, ineficiencias e injusticias inducidas por el estado autonómico han sido toleradas, mal que bien, por la ciudadanía. Ante cada nueva ronda de descentralización, los españoles asumían resignadamente el nuevo statu quo: la opinión pública no era partidaria de dar más competencias a las autonomías, pero tampoco existía ningún clamor por revertir las decisiones tomadas por la clase política, que no dudaba por ello en seguir el camino de los hechos consumados.
Pero con la llegada de la crisis el modelo ha saltado en pedazos. Al faltar el soporte financiero, la disyuntiva existente se ha planteado con toda crudeza: o desmontamos el artificial estado autonómico o desmontamos el estado del bienestar. Y el malestar acumulado se ha desbordado en las encuestas.
La gráfica siguiente indica el porcentaje de españoles partidarios de recentralizar el estado (eliminar las CCAA o reducir sus competencias), frente a los partidarios de mantener el estado autonómico en su forma actual o de continuar descentralizando (dando más competencias a las CCAA o reconociéndolas el derecho de autodeterminación). Como puede verse, el cambio de tendencia experimentado a partir del segundo semestre de 2007 ha sido brutal:
¿Hacia un estado jacobino?
El creciente malestar ciudadano con el estado autonómico se pude visualizar de manera todavía más gráfica si nos fijamos en el porcentaje de españoles que directamente pide que el estado autonómico se suprima por completo, para volver a un único gobierno central:
El estado autonómico había ido consolidándose desde 1984, con un porcentaje cada vez menor de gente frontalmente opuesta al mismo, pero la crisis ha disparado la demanda de una redefinición total del modelo. Ya son 1 de cada 4 los españoles que piden que las autonomías se eliminen por completo.
¿Y qué pasa con el separatismo?
Para terminar, fijémonos en el otro extremo del espectro, el de los españoles que demandan que las comunidades autónomas puedan tener el derecho de autodeterminarse. La gráfica siguiente muestra el porcentaje de personas partidarias de llevar la descentralización hasta esas últimas consecuencias:
Como puede verse, los españoles que no desean serlo no superan el 10%, y su porcentaje se ha mantenido aproximadamente constante a lo largo de los años. Ni la concesión de más autonomía a las comunidades ha hecho disminuir ese sentimiento separatista, ni tampoco treinta años de adoctrinamiento nacionalista lo han hecho aumentar.
Lo cual hace aún más sangrante la evolución a lo largo de los años: ¿por qué el 90% de españoles han tenido que ceder, año tras año, para contentar a una ínfima minoría que, de todos modos, jamás va a darse por contenta?
Conclusiones
A la vista de estos datos, queda claro que la actual organización del estado es una construcción artificial de la clase política, que no respondía a ninguna demanda social y que ha fracasado a la hora de acabar con los problemas provocados por el nacionalismo. Se ha sacrificado la igualdad y el bienestar de los españoles, sin con ello conseguir desactivar las tensiones separatistas.
Queda claro también que la crisis ha provocado una quiebra del modelo: nuestra clase política ha tensado demasiado la cuerda y esa cuerda ahora se ha roto. La prolongación de la crisis terminará por convertir en un clamor lo que ahora es solo un grito: que los españoles prefieren prescindir del estado autonómico antes que ver cómo se resquebraja el estado del bienestar.
La pregunta es: ¿será capaz nuestra clase política de reinventarse y de poner fin al delirio autonómico, o está tan atada al estado autonómico que preferirá hundirse con él?