La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha solicitado al juez del caso Neurona la imputación de Ione Belarra por "encubrir" presuntamente los sobresueldos irregulares de la formación morada. Belarra es actualmente secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Coordinación Ejecutiva del partido. Además, ha sido propuesta por Pablo Iglesias para sustituirle en su cargo y ser la futura ministra de Derechos Sociales.
Cánovas está personada en la causa como acusación particular y ha presentado un recurso ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, solicitando la reapertura de la investigación de los sobresueldos irregulares de Podemos y la práctica de nuevas diligencias para esclarecer los hechos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cánovas denuncia que "es evidente que la 'dirección ejecutiva del partido', representada por el Consejo de Coordinación y que controla a su vez el Consejo Ciudadano Estatal ha intentado salvar la actuación presuntamente delictiva de dos de sus miembros, la gerente Rocío Val y del tesorero Daniel de Frutos".
"Utilizando para ayudarles", añade, "un trámite estatutario de revisión presupuestaria que no habilita legalmente para validar ni para autorizar a posteriori aquellas actuaciones económicas que hayan sido realizadas sin autorización presupuestaria y de forma contraria a los Estatutos del partido, al Plan de Cumplimiento Normativo y a la propia Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. En este caso el partido está actuando internamente como 'juez y parte', encubriendo los hechos de sus miembros".
La exsenadora de Podemos sostiene que la ejecutiva está valiéndose de su poder de dirección para ayudar a ocultar los delitos de administración desleal que presuntamente habrían cometido los citados Val y De Frutos al incrementar sus propios salarios y el de otros empleados afines a la ejecutiva creando complementos salariales no contemplados en las tablas salariales, con cuantías no aprobadas que no constaban en los presupuestos. Cánovas destaca además que en el 2019 el Consejo Ciudadano de Podemos, que era el órgano competente para ello, no había aprobado los presupuestos anuales para dicho ejercicio.
Según el escrito, "el asunto es de extrema gravedad, porque estamos ante una corrupción de toda la cúpula del partido, no de unos individuos aislados. El partido se ha convertido en una propiedad privada de la ejecutiva que no respeta los estatutos y validad actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen, porque la gerente y el tesorero son miembros de la ejecutiva del partido".
"Y éste es el problema que han denunciado Carmona y Calvente, que fueron cesados porque quienes cometían la irregularidades eran quienes dirigen el partido y quienes tenían que poner orden. En este caso es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando, porque son quienes dirigen el partido, que es el perjudicado", apunta Cánovas.
"Se aprecia la presunta comisión por parte de la gerente de un delito de administración desleal. Y también existen indicios racionales de la comisión de este delito por parte del responsable de Finanzas, el señor Daniel de Frutos, del responsable Económico financiero, el señor Denis Thomas Maguire y del resto de miembros del Consejo de Coordinación por su complicidad y encubrimiento en la aprobación de los complementos salariales no contemplados en las tablas salariales, al margen de las normas estatutarias y sin existir partida presupuestaria aprobada para su implementación, señala el recurso.
Por todo ello, se solicita la citación en calidad de investigados de Ione Belarra como representante de la ejecutiva de Podemos y del responsable Económico financiero de la formación, Denis Thomas Maguire. También se pide la declaración testifical del exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón.
Podemos "está defendiendo a los autores"
En el escrito, la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, destaca a su vez "la contradicción que supone que el partido esté personado y esté defendiendo a capa y espada a los presuntos autores de actos que pueden perjudicar el patrimonio social del partido, en lugar de actuar con objetividad en defensa de la persona jurídica y no de sus miembros presuntamente corruptos".
"Tal es así que la actuación de la ejecutiva viene a confundir la misma con el propio partido de modo que la personación de la formación política en esta causa está suponiendo una defensa a ultranza de los dirigentes, apartándose de la objetividad y no velando por los intereses y fines de Podemos, esto es el partido sería perjudicado por estos actos y sin embargo está siendo utilizado maliciosamente por sus dirigentes en defensa de los autores, con lo cual se demuestra que la ejecutiva del partido no está habilitada para administrar el patrimonio y está poniendo en riesgo los fondos públicos de que se nutre", concluye.