Unas 2.500 personas se han manifestado este domingo por las calles del centro de Palma para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Gobierno balear para exigir el conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas.
La marcha ha sido organizada por la plataforma ciudadana "Mos Movem, En Marcha, Let's go" y el lema era "Los idiomas no salvan vidas-Por una sanidad sin fronteras lingüísticas".
La protesta la han encabezado las líderes de este movimiento, las empresarias Úrsula Mascaró y Manuela Cañadas y el coordinador de la entidad, Joan Pons, que han defendido que el catalán sea un mérito pero no un requisito en la carrera profesional.
A la manifestación han acudido los presidentes del PP y Ciudadanos (Cs) de Baleares, Biel Company y Xavier Pericay, de Actúa Baleares, Jorge Campos, y miembros de los sindicatos CSI-CSIF y del Simebal, el Sindicato Médico de Baleares.
El futuro decreto contempla que los médicos y enfermeros tendrán que tener la titulación de catalán B1 (elemental) y los auxiliares de enfermería el nivel A2 (básico).
Los que ganen una plaza en las oposiciones sin tener de partida esos grados de conocimiento tendrán dos años para alcanzarlos; si no lo hacen, tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional, lo que supone el acceso a pluses económicos.
Con ocasión de la protesta, el médico menorquín Claudio Triay, con 30 años de experiencia y el nivel C de catalán, el máximo, ha advertido de las "mucha dificultades" que existe en su isla para "captar" profesionales y "esto es un obstáculo más".
Triay ha subrayado que "nunca" ha existido "el más mínimo problema" en Menorca entre pacientes y profesionales, ni por el catalán, el inglés, el francés, el alemán o el castellano. "Están intentando crear un apartheid sanitario", ha señalado.
La doctora mallorquina Isabel Orlandis, que trabaja en una zona turística, ha señalado que sus 20 años como profesional "jamás en la vida" ha tenido ninguna dificultad para hablar con sus pacientes. "Intento comunicarme en el idioma que sea, la exigencia del catalán es un absurdo: es una cuestión política, pura y dura", ha lamentado.
Por su parte, el médico zaragozano Juan Urieta, con quince años de vida profesional en Mallorca, ha dicho que "da mucha pena que pase esto" y ha apostado por "no imponer nada y menos el idioma", sobre todo porque "jamás" ha tenido ninguna dificultad para comunicarse con sus pacientes que hablaban catalán porque es una lengua "fácil" de entender.
El presidente del sindicato de Médicos de Baleares (Simebal), Miguel Lázaro, ha recordado que Baleares es la única comunidad autónoma donde se exigirá la acreditación del catalán, algo que "ni sucede" en Cataluña, donde los profesionales pasan una prueba oral para comprobar que lo entienden.
Por su parte, la CUP de Palma ha pedido hoy al Gobierno balear "valentía" para aprobar el futuro decreto y "asegurar así nuestro derecho a expresarnos en catalán en la sanidad, la justicia, en la calle, en cualquier comercio". En un comunicado, la CUP ha calificado la manifestación de hoy de "odio a nuestra lengua".