La bronca entre los separatistas ha subido de tono y superado de largo los momentos más críticos de la historia del Procés. La sustitución de Mas por Puigdemont generó mucha bilis cruzada entre las familias catalanistas, pero la tensión de entonces no es comparable. En enero de 2015 ni siquiera había sido inhabilitado Mas y su "paso a un lado" pudo venderse como un elegante sacrificio de salón por la república catalana en ciernes con el que acumular prestigio político. Ahora, los líderes de la ANC y Òmniun, el exconsejero de los Mossos y Oriol Junqueras están en la cárcel, Puigdemont, fugado y la CUP, reducida a cuatro diputados, los mismos que el PP. ERC incluye en el cuadro la aplicación del artículo 155 mientras que el partido de los convergentes, el PDeCAT, ha quedado muy mermado en favor de la plataforma de fieles a Puigdemont "Junts per Catalunya".
En este contexto, Puigdemont no da su brazo a torcer en la pugna con ERC. Su portavoz y mano derecha, Elsa Artadi, anunció este jueves que se han reanudado las negociaciones con los republicanos, pero que la intención era escapar de los focos para evitar los efectos de los navajazos en público que comenzaron con la suspensión "unilateral" del pleno de investidura por parte de ERC, siguieron con el registro de la modificación de la ley de presidencia de la Generalidad a cargo de la citada Artadi y siguieron con el rimbombante anuncio del presidente del Parlament, Roger Torrent, de llevar el caso de la investidura de Puigdemont al Tribunal de Estrasburgo, desautorizado por el entorno del fugado.
Lo que queda de Convergencia
Los trapos sucios en público continúan. Al tiempo que daba por reanudadas las conversaciones "discretas" para la investidura del candidato único Puigdemont con ERC, Artadi aprovechaba para cargar contra la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, quien se había manifestado previamente a favor de un "gobierno estable dentro de la legalidad vigente". "Todos queremos un gobierno estable", replicaba Artadi, que rompió el carnet del PDeCAT a principios del pasado verano. Ante los ninguneos de Puigdemont, lo que queda de Convergencia se ha alineado con ERC en la petición de que el último expresidente regional retire su candidatura y facilite un gobierno autonómico que levante el 155.
La obstinación de los fieles de Puigdemont y la sombra del Tribunal Supremo condicionan las negociaciones sobre la investidura y la formación de un nuevo gobierno catalán. La número dos de ERC, Marta Rovira, Artur Mas, la propia Marta Pascal y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, tienen cita en los próximos días para deponer en el Supremo por su implicación en el referéndum del 1-O.
El informe sobre Artadi
En cuanto a Artadi, un informe de la Guardia Civil recabado por el magistrado Pablo Llarena contiene las transcripciones de varias llamadas con Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos altos cargos del exvicepresidente Junqueras que llevaban a la práctica las instrucciones políticas del golpe de Estado. Requerían el concurso de la directora general de coordinación interdepartamental de la Generalidad hasta hace tres semanas (a pesar de dirigir la campaña electoral de Puigdemont no fue cesada por el 155) para determinar, entre otros detalles, plazos en el envío de cartas a los alcaldes en las que se les conminaba a ceder espacios para colegios del 1-O. Todo apunta a que también tendrá que desfilar ante Llarena.
Ciudadanos ha retomado la iniciativa parlamentaria y amenaza con pedir un pleno extraordinario para forzar a Torrent a iniciar una nueva ronda de contactos en el que la mayoría separatista proponga otro candidato. El pacto tácito entre Puigdemont y ERC es exprimir los plazos, agotar el "tiempo muerto" antes de descartar la "solución" de máximos. La línea roja de los republicanos son las consecuencias penales de los pasos a dar. Torrent combina la retórica "legitimista" de la república con un cuidado extremo en las consecuencias jurídicas de sus hechos concretos. Marta Rovira ha reducido al mínimo su presencia mediática para preparar la cita en el Supremo. Sólo rompió el silencio para abogar por el pragmatismo. Los pasos a dar deben ceñirse al marco legal.
La prolongación del 155
El argumento de peso de los separatistas "realistas" es que el rescate de las instituciones catalanas está por encima de los intereses procesales de Puigdemont. El debate sobre los efectos que podría tener en el sistema escolar catalán la prolongación del 155 (una casilla de español al lado del catalán como lengua vehicular en los impresos de preinscripción) es munición para los partidarios de que Puigdemont ingrese en la misma papelera que Mas a fin de evitar que la aplicación del artículo constitucional pase a mayores, alcance las estructuras del régimen nacionalista e impida reactivar el proceso.