Unas doscientas personas pertenecientes a Comités de Defensa de la República (CDR) de varios barrios de Barcelona se han concentrado este jueves frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana. Los manifestantes han taponado los accesos a las instalaciones judiciales y han coreado consignas a favor de la república y contra la justicia. La acción se convocó a través de las redes sociales.
Algunos jueces han mostrado su malestar por una manifestación que remite a las que llevó a cabo el separatismo cuando el juicio a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o cuando han sido citados a declarar dirigentes separatistas. Ahora no hay banderas esteladas, sino que predomina el color amarillo y el tono ya no es "festivo".
Los CDR han tomado la iniciativa de las actuaciones callejeras del separatismo. Ni la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ni Òmnium controlan del todo estos grupos, en los que hay militantes de esas entidades y de la CUP. El gran "éxito" de los CDR fue el corte de carreteras y vías férreas durante la huelga del pasado 8 de noviembre.
La manifestación de este jueves tenía por objeto exigir la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. A pesar de que los tres últimos han renunciado a la unilateralidad en su comparecencia ante el juez del Supremo Pablo Llarena, los CDR insisten en dar por efectiva la república catalana, abogan por la desobediencia activa y no reconocen a la justicia.
Amenazas y traslados
Los jueces y fiscales son uno de los objetivos de estos CDR y de las entidades separatistas. Varios jueces han recibido amenazas. El entorno de la segunda residencia del instructor del intento de linchamiento de una comitiva judicial en el registro de la consejería de Economía apareció lleno de pintadas en su contra y el dueño del apartamento se negó a renovarle el alquiler. La fiscal Ana Magaldi ha recibido amenazas y se han registrado hasta dos asaltos en su segunda residencia. La tensión política es la causa, según declaró el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de que haya aumentado el número de peticiones de traslado por parte de jueces que ejercen en Cataluña.