La nueva hoja de ruta del separatismo es el programa de Junts per Catalunya, el punto único de la restitución del ejecutivo cesado por la aplicación del 155. A pesar de los intentos de ERC por introducir un plan B, Carles Puigdemont y su equipo ni siquiera contemplan la alternativa de un candidato propio que supere el obstáculo de la investidura a distancia.
El expresidente catalán pretende forzar una negociación directa con el Gobierno y en ese pulso es clave que se prolongue la inestabilidad y se agrave el deterioro institucional. Con las finanzas intervenidas, los presupuestos bloqueados y una dependencia absoluta del Fondo de Liquidez Autonómica, el mayor interés de Puigdemont y su entorno no es formar gobierno sino agudizar la crisis política.
Puigdemont ha soltado el lastre del PDeCAT y ha hecho de su defensa la defensa del catalanismo. Los diez mil votos que le dan ventaja sobre ERC han resuelto, a su entender, el debate sobre el liderazgo republicano. Junqueras no es una opción, ni tampoco, de momento, la constitución de un gobierno autonómico en Barcelona sin encarcelados, fugados o investigados que se plantee recuperar un mínimo de normalidad política.
República o república
El equipo de Puigdemont parte de la premisa de que está en manos del Gobierno garantizar la inmunidad judicial de los investigados por el golpe contra la democracia e insiste en que el resultado del 21-D avala la república del 1-O, por lo que su aceptación pasa por el decaimiento de todas las causas abiertas por el golpe y una negociación posterior con el Estado para la implantación pactada de la república catalana.
No hay margen de maniobra para ERC, cuyos dirigentes proponen una tímida revisión de plazos y procedimientos sin renunciar a la república. Pesa la situación de Oriol Junqueras y la incertidumbre entre el funcionariado de ERC en la Generalidad. Sin embargo, manda Puigdemont y tanto Marta Rovira como Sergi Sabrià aceptan esa situación, si bien solicitan alguna concreción a Puigdemont respecto a sus planes.