La Guardia Civil incluye las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013 en la lista de movilizaciones utilizadas por los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, además de las entidades separatistas Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural con el fin de "alentar a las masas" contra lo que entendían como "opresión de la justicia española". De esta forma, propone su inserción en la investigación por delitos de rebelión, sedición y malversación que conduce en el Tribunal Supremo el magistrado instructor Pablo Llarena.
El Instituto Armado detalla en un informe la participación de "los actores independentistas" en las citadas movilizaciones populares. Suma las del 13 de noviembre de 2016 y el pasado 2 de febrero en solidaridad con Mas y el resto de condenados por la organización de la consulta del 9-N –los exconsejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau–.
Cita a los Jordis líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, junto con miembros del Gobierno catalán y diputados de partidos rupturistas por su especial actividad en las concentraciones: "Estos movimientos tenían por finalidad intimidar, menoscabar, amedrentar e incluso violentar derechos y libertades constitucionales". La Guardia Civil considera necesaria su inclusión en la investigación puesto que "por su relevancia pueden ayudar a entender la entidad del desafío independentista catalán".
Turull, cercado por la malversación
La Guardia Civil ha remitido al magistrado Llarena dicho informe donde señala al exconsejero de Presidencia de la Generalidad Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para "financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña". Además, figuran empresas privadas como Unipost, encargada de impresión, y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.
Según un dictamen de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña con fecha de 15 de diciembre y titulado Investigación de los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia en Cataluña, "los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta separatista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalidad para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referéndum del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia.
El documento señala el "incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales": "se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación". La Guardia Civil dice que trabaja con el "convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación" y señala que la Generalidad llevó a cabo "diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado" en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
En Unipost, registrada el 14 de diciembre por segunda vez en presencia del director general Pablo Raventós, se hallaron antes del 1 de octubre 45.000 certificados para la constitución de las mesas electorales del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. El desarrollo de software, web, el censo o la creación del call center son otros de los aspectos indagados, así como el coste sobre la preparación del referéndum, para la que el juez Viver "o su entorno" "pudo percibir retribución pública".
Estudi Dada SL se hizo cargo de la campaña del "Sí o No", para lo que se pagó 10.829,50 euros; Teresa Guix del pactepelreferendum.cat por valor de 2.700 euros; Focus Media de la campaña "Sí o No", por 130.865,56 euros; NotinhgAd también de la campaña del "Sí o No", en concreto de su intranet, por valor de 80.440,19 euros. En total, 224.835,25 euros.
"Esas emisiones fueron autorizadas por el departamento de Presidencia que dirigía el conseller Jordi Turull i Negre", asegura el documento. El coste fue de 277.804,36 euros y la entidad beneficiaria la CCMA, en concreto TV3. La Guardia Civil asegura que "se puede determinar que el coste total de la publicidad en los medios relacionado con el referéndum" se dividió entre la CCMA (277.804,36 euros) y la campaña del "Sí o no" (224.835,25 euros).
"Hoja de ruta sediciosa"
Todo esto figura en el apartado seis, con el título de "Dinero público gastado en actuaciones declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional".
"La implementación de la hoja de ruta establecida en el Libro Blanco y que se desarrolla en el documento Enfocats (intervenido al alto cargo Josep Maria Jové) requiere de un desembolso económico de gran importancia para poder desarrollar tanto las estructuras de Estado como para impulsar la proyección internacional, como la organización y realización de diferentes actos preparativos para lo que se ha denominado la culminación del proceso de transición nacional", advierte el instituto armado.