Pablo Llarena decidirá este viernes si Oriol Junqueras, los exconsejeros y los ‘Jordis’ encarcelados se someten a la investigación en libertad o en prisión. Están citados a partir de las 09:30H a petición propia y trasladarán al Tribunal Supremo su acatamiento del artículo 155 de la Constitución. El magistrado que ha acumulado el grueso de la causa por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos –y que permitió a Carme Forcadell y los separatistas de la Mesa salir en libertad con el pago de fianzas– resolverá a última hora del día la situación procesal de los nuevos imputados bajo su paraguas.
Ninguno contestó a preguntas salvo las de sus abogados en los interrogatorios practicados por Carmen Lamela. La juez de la Audiencia Nacional basó el auto de prisión incondicional en los riesgos de fuga –acentuada por el hecho de que Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros estén huidos en Bélgica– de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva –viendo que llevan años de desobediencia a los magistrados y con el desafío a las instituciones–. Ante Llarena sí responderán copiando la estrategia del repliegue que sirvió a Forcadell para eludir la cárcel. Alegan además por la conveniencia de que desplieguen en libertad la campaña de cara a las elecciones del 21 de diciembre, a las que concurren todos salvo Jordi Cuixart y Meritxell Borràs.
Si Llarena suaviza las medidas cautelares, faltará que los querellados reúnan la fianza establecida por el instructor, aunque seguramente emerja de nuevo la llamada caja de solidaridad de las entidades separatistas Ómnium y ANC.
Cambio de estrategia
Empujó al abismo de la declaración de independencia a Puigdemont y su Gobierno cesado, que habían cogido carrerilla. No alcanza ni el mes en la cárcel y Oriol Junqueras ha metido la marcha atrás. Quien fuera vicepresidente de la Generalidad y sigue siendo presidente de Esquerra remitió al Supremo la solicitud de libertad provisional. Al estilo Forcadell, los exconsejeros de ERC reproducen la estrategia que derivó en prisión eludible con el pago de fianzas.
Conseguido el traslado de la causa contra los no aforados por los delitos de rebelión, sedición y malversación al Supremo, Junqueras y sus subordinados se alinean en la posición que sirvió a los que disfrutan de fueros para que el magistrado Pablo Llarena los dejara en libertad. Aunque no renuncian a sus convicciones políticas, también Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa sostienen que "aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "trabajarán por las vías estrictamente pacíficas y democráticas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro de Cataluña".
Aunque concurrirán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, los exconsejeros subrayan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva". En caso de que "en el futuro" retomaran algún cargo público, puntualizan, "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación". Los dirigentes de ERC dicen que su proyecto político "se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva" de la Constitución Española.
Los exconsejeros del PDeCat, por su parte, también reclaman la libertad provisional y solicitan al Supremo que anule la fianza conjunta de 6,2 millones impuesta por la juez Lamela. Insisten en la ausencia de riesgos de fuga y destrucción de pruebas. Han hecho lo propio los líderes de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y Ómnium Cultural Jordi Cuixart.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciará el lunes –salvo que los retiren a tiempo– sobre los recursos de apelación de Junqueras y los exconsejeros catalanes contra el auto de prisión de la juez Lamela. La misma Sala ya acordó, el pasado 8 de noviembre, mantener en prisión preventiva a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.