La recientemente constituida asociación Hablamos Español, que reúne a diferentes entidades favorables a la libertad de elección de lengua, ha presentado ante la Fiscalía de Cataluña una denuncia contra Ramón Font, presidente del sindicato de profesores USTEC-STEs, por un delito de provocación a la sedición y un delito de odio.
El 8 de noviembre, día de la llamada "huelga de país", Ramón Font aseguró ante los medios: "No daremos clases en castellano, no nos podrán obligar, no nos someterán". Declaraciones que, a juicio de Hablamos Español, podrían suponer una conculcación de los derechos lingüísticos de alumnos y padres.
Además, advirtió: "No renunciaremos a hablar de política en los centros educativos, porque es nuestra función, es nuestro trabajo". Una advertencia susceptible de ser interpretada como una intención de adoctrinar y señalar a aquellos que no estén conformes con el proceso de secesión, señala la entidad.
Los hechos –cuya investigación solicita Hablamos Español– podrían, además, ser discriminatorios, ya que atacan el modelo de convivencia y amenazan los valores de pluralismo, tolerancia y respeto de las diferencias, más aún cuando tienen por destinatarios menores de edad.
Los niños como escudos
Además, unos días antes, en una entrevista en la televisión pública catalana TV3, el presidente de USTEC-STEs se mostró partidario de utilizar los colegios para celebrar el referéndum ilegal de 1 de octubre. Sugirió incluso que los niños podrían servir de "escudos" frente a posibles intervenciones policiales. Además, y en la misma entrevista, se mostró partidario del adoctrinamiento en la enseñanza como obligación de los docentes.
"Un Estado que ya no puede considerarse democrático"
La página web de USTEC-STEs alberga comunicados a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre y de los actos protagonizados por los miembros del Gobierno de la Generalidad, ahora encausados por un delito de rebelión y sedición.
Desde USTEC-STEs se ha hecho incluso un llamamiento a la comunidad educativa "a la resistencia contra las imposiciones de un Estado que, a partir de la pedagogía los hechos, ya no puede considerarse como democrático". Unas declaraciones que, según entiende la entidad denunciante, son un llamamiento a la desobediencia del ordenamiento jurídico español, en connivencia con el llamado procés de independencia.
Este tipo de llamamientos los acompaña Ramón Font con otros en los que incita a no reconocer la autoridad de quienes son, tras la aplicación del artículo 155, las legítimas autoridades educativas de Cataluña y, por lo tanto, superiores jerárquicos de los profesores, "algo sumamente reprobable, ya que en el caso de los docentes de la enseñanza pública, un no reconocimiento de los mismos en el ejercicio de sus funciones, podría implicar la comisión de falta disciplinaria grave o muy grave".
El 13 de octubre, el sindicato emitió un comunicado a los profesores de centros públicos sobre el adoctrinamiento en la escuela catalana en el que se aseguraba que la educación es, entre otras cosas, "dar a conocer los derechos y libertades tanto individuales como colectivos, nuestra lengua propia y nuestra historia". La actitud del profesorado, decía el comunicado, "no se puede separar de la realidad que vive nuestro país".
"Desde Hablamos Español consideramos que estas y otras pruebas, declaraciones y comunicados incluidas en la denuncia podrían ser constitutivos de un delito de provocación a la sedición del artículo 18 del Código Penal en relación al artículo. 544 y 548 del mismo texto legal y de un delito de odio previsto y penado en el art. 510.1 del Código Penal".