La Fiscalía de Bélgica ha pedido a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela diversa información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia que el expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros de la Generalidad huidos a Bruselas tras la declaración de independencia en el Parlamento catalán tendrán que realizar mañana viernes ante un juez belga.
Tras no comparecer en el tribunal después de ser citados a declarar como imputados por varios delitos como el de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos, Lamela cursó una orden de detención europea contra Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), que se encuentran actualmente en el país europeo en libertad provisional con medidas cautelares.
Las preguntas exactas que se han remitido son "¿en qué cárcel quedarán encerrados?", "¿las circunstancias de detención en esta cárcel son de conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos?", "¿cuáles son las dimensiones de la celda?", "¿cuál es el espacio vital individual?", "¿hay acceso suficiente y regular a equipamientos sanitarios, duchas, etc.?", o "¿la comida es suficiente y de buena calidad?".
En la citada solicitud de información también pregunta si "existe bastante ocasión para recreación y actividades", si "existe la posibilidad de que los implicados queden encerrados en una celda de aislamiento" o "qué tal es el acceso a la asistencia médica".
En Estremera y con celda individual
El Gobierno español ha contestado a la Fiscalía belga que el expresidente catalán ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid VII) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más "avanzados" de España, y podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros. Dice que los consejeros varones huidos irían también a Estremera y las consejeras lo harían a la de Alcalá Meco.
En el documento, explica a la Fiscalía belga que España respeta escrupulosamente los derechos humanos y ha añadido que "no parece comprensible" que Carles Puigdemont intente proyectar sospechas sobre el sistema penitenciario cuando él mismo y su Ejecutivo lo gestionaban en Cataluña, debido a que la competencia de prisiones está transferida a la Generalidad de Cataluña.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que se ha asegurado que las circunstancias de su detención respetarían "escrupulosamente" los convenios europeos e internacionales suscritos por España y que las leyes prohíben la tortura y los malos tratos, como queda recogido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice: "Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra".
Asimismo, se ha indicado que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y también tiene el control del Defensor del Pueblo y del Mecanismo de Prevención de la Tortura Nacional y añade que las prisiones están supervisadas por jueces de vigilancia penitenciaria, "independientes, integrantes del poder judicial, con amplias facultades para corregir cualquier desviación o abuso que pudiera producirse".