El expresidente de la Generalidad publica este lunes un artículo en el británico The Guardian. Lo hace tan sólo un día después de declarar ante la Fiscalía belga. Bajo el título "Esto ya no va sólo de Cataluña, va sobre la democracia misma", Carles Puigdemont tacha la actitud del España de "arbitraria, antidemocrática e ilegal".
Habla el expresidente golpista de que existe una "brutal ofensiva judicial para instigar el encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos que promueven unas ideas políticas que, hace apenas dos años, obtuvieron niveles históricos de apoyo público".
"Hoy, los líderes de este proyecto democrático están acusados de rebelión y afrontan el castigo más severo del código penal español, el mismo que para cargos de terrorismo y asesinato, 30 años de cárcel", subraya y amenaza: "este colosal atropello judicial tendrá serias consecuencias".
Puigdemont dice que su huida a Bruselas se debe a la falta de seguridad jurídica existente en España. "¿Alguien cree que el Govern cesado puede esperar un juicio justo e independiente, sin presiones políticas o mediáticas? Yo no, y por ello, más allá de continuar defendiendo la legitimidad de nuestros actos políticos, defenderemos nuestro derecho a querer la independencia de Cataluña un modelo de sociedad en el que nadie tenga miedo del poder del Estado. Defenderemos nuestros derechos hasta el final".
Puigdemont podrá hacer campaña en Bélgica
El expresidente de la Generalidad podrá participar en actividades políticas como la campaña electoral de cara a los comicios en Cataluña del próximo 21 de diciembre, mientras no abandone Bélgica y cumpla con los requisitos de su libertad condicional, ha dicho este lunes la Fiscalía de Bruselas.
"Las medidas restrictivas son las que son, no hay restricción para mantener contacto con nadie ni llevar a cabo actividades de cualquier tipo", indicó a Efe la portavoz de la Fiscalía Ine Van Wymersch. De ese modo, el expresidente catalán podría desarrollar actos de campaña electoral en Bélgica. Igualmente, la portavoz de la Fiscalía aclaró que no existe ninguna prohibición a Puigdemont y los exconsejeros para hablar con los medios de comunicación.
Fuentes de esa institución explicaron además que "pueden existir" otras medidas no hechas públicas en relación a una posible protección policial para Puigdemont y los exconsejeros. Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) permanecen desde anoche en libertad con medidas cautelares. Todos ellos se entregaron juntos y a la vez en sede policial en Bruselas a las 09.17 horas (08.17 GMT) del domingo.
Van Wymersch señaló que se propuso la libertad bajo condiciones porque "para enviar a alguien a prisión debe haber causas serias que hagan meritorio restringir la libertad". "Estas personas se entregaron ellas mismas y mostraron total colaboración", comentó.
A pocos días para que se cierre el plazo para registrar coaliciones, el PDeCAT ya ha decidido apostar por una lista unitaria del secesionismo catalán en las elecciones del 21D encabezada por Puigdemont, pero los "comunes" descartan integrarse en ella y ERC tampoco desea participar a menos que sea "absolutamente transversal".
Comparecencia el 17 de abril
El expresidente de la Generalidad y los cuatro exconsejeros en libertad condicional comparecerán ante el tribunal de primera instancia de Bruselas el 17 de noviembre para la vista por la euroorden de entrega a España, confirmó este lunes oficialmente la Fiscalía bruselense.
Acudirán ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá si ejecuta las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por la Audiencia Nacional de España el pasado 3 de noviembre contra los cinco exmiembros del cesado Gobierno regional catalán.
La cita es a las 13.00 horas GMT -14.00 hora local- y a puerta cerrada, según un comunicado de la Fiscalía. Si el juez decide la entrega de Puigdemont y los exconsejeros pero estos la rechazan, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior.
Hasta esa declaración permanecerán en libertad con medidas cautelares, tal y como decidió el domingo el juez de instrucción y había solicitado previamente la Fiscalía de Bruselas.
La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, aunque podrían añadirse 30 días más en circunstancias excepcionales.