El exvicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, y otros tres exconsejeros han pedido a la Audiencia Nacional que valore también para su puesta en libertad que "son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral" de los comicios catalanes del 21 de diciembre.
"El hecho de que se encuentren en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política", sostienen los recursos, recogidos por Europa Press, que la defensa de Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han presentado para reclamar su excarcelación.
El abogado sostiene que la prisión preventiva de los exmandos de la Generalidad es profundamente desproporcionada y ha pedido a la magistrada Carmen Lamela tener en cuenta "el daño reputacional" que supone estar en prisión para un representante político en una situación preelectoral.
La defensa argumenta también que no hay riesgo de reiteración delictiva si se les deja en prisión porque cree evidente que, pese a que los encausados ostentan democráticamente la condición de miembros del Gobierno catalán, "acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros y exmiembros del Gobierno".
Los recursos de las defensa de Junqueras y estos tres exconsejeros añaden que otras medidas cautelares como retirada de pasaporte, prohibición de abandonar España o una fianza "serían medidas menos gravosas para el investigado y más acordes con las finalidades que orientan el proceso penal".
"Resulta evidente que los investigados no ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno", sostiene la defensa, que recuerda que en aplicación del artículo 155 de la Constitución se disolvió el Parlamento catalán y que se convocaron elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Desde entonces –alega el abogado– el Gobierno de Cataluña no se ha reunido, no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre, cuando se declaró la independencia, con "un valor estrictamente político", según el abogado.
En cuanto a un supuesto riesgo de fuga, el abogado dice que éste no existe aludiendo al arraigo familiar de los investigados, que han comparecido voluntariamente ante la Audiencia Nacional "a pesar del altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría".
"Interpretación novelada" de la Fiscalía
El letrado carga en su escrito contra la querella de la Fiscalía, que considera "una curiosa interpretación novelada de lo que ha sucedido en Cataluña durante los dos últimos años" y niega que existan elementos de alzamiento violento o tumultario para acusarles de rebelión o sedición.
"La mayoría de las conductas o hechos que se describen resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de los sucedido", según la defensa de Junqueras.
"Situación de indefensión"
Además de estos recursos contra la prisión, el abogado ha presentado otro en nombre de estos cuatro investigados contra la admisión de la querella de Fiscalía con la que arrancó la investigación judicial en el que lamenta que sufren "una situación de indefensión evidente".
El abogado está plenamente convencido de la inexistencia de responsabilidad penal: "Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia", sostiene en este escrito.