El Gobierno de Cataluña que ha desoído reiteradamente a los órganos del Poder Judicial, a la Constitución y a su máximo garante, recurre estos días a la Justicia española para que frene la aplicación del artículo 155. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha registrado este jueves dos recursos presentados por la Generalidad: uno lo firma la propia institución y el otro, suscrito por el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de los miembros del Ejecutivo autonómico.
Alegando la protección de derechos fundamentales, solicitan al Alto Tribunal que anule el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado que puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución y mandó al Senado un paquete de medidas para hacer frente al desafío separatista. Ambos piden la medida "cautelarísima" que suspenda provisionalmente la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy, de forma que los magistrados deben responder en un plazo máximo de 48 horas, según fuentes del Tribunal Supremo.
El 155 de Rajoy
El Gobierno de Mariano Rajoy ha solicitado al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, el cese del presidente de la Generalidad y de los consejeros del Ejecutivo de Cataluña. También reclama la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de 6 meses. Moncloa abre un debate sobre las "medidas singulares" en áreas de seguridad y orden público, de forma que el Ministerio de Interior podrá dictar instrucciones directas a los Mossos y "en el caso de que sea necesario", serán sustituidos por la Policía y la Guardia Civil.
Además, podrá ejercer "las competencias necesarias" en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria para "garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales", al tiempo que velará por la transmisión de una información "veraz, objetiva, equilibrada y respetuosa" con el pluralismo político en los medios públicos catalanes, entre ellos TV3.