Surgen las primeras grietas en el seno del partido socialista tras la decisión del gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución española para resolver la crisis catalana. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlón ha presentado su dimisión como secretaria de Cohesión e Integración del PSOE por lo que abandonará la Comisión Ejecutiva Federal de su partido. Lo hace como muestra de desacuerdo con la postura de su formación.
La dirección socialista ha emitido un comunicado en el que asegura que Pedro Sánchez ha agradecido su labor y "traslada todo su afecto y apoyo como miembro del partido hermano en Cataluña, el PSC".
La nota continúa diciendo que "dada la situación actual de máxima tensión en Cataluña respetamos la decisión de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet de no formar parte de la dirección de la CEF".
Manifiesto de los alcaldes
La decisión llega solo unas horas después de que se hiciera público un manifiesto de un grupo destacado de alcaldes del PSC pidiendo a la dirección de su partido que rechazase la decisión del ejecutivo español. El escrito, que está secundado por cuatro ediles –entre ellos Nuria Parlón–, muestra su "radical desacuerdo" con las medidas aprobadas por el gobierno central y que implican la destitución del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras y el resto de consejeros autonómicos.
Además de la alcaldesa de Santa Coloma firman el manifiesto el alcalde de Granollers, Josep Mayoral; el de Castellar del Vallés, Ignasi Giménez; y el de Tarrasa, Jordi Ballart.
Postura oficial del PSC
Mientras, la postura oficial del Partido de los socialistas de Cataluña pasa por pedir a Puigdemont que convoque él las elecciones o vaya al Senado. Su secretario de organización, Salvador Illa, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha leído una declaración en la que pide insta al presidente de la Generalidad a convocar elecciones para que los catalanes puedan decidir "con garantías" el camino de la política catalanas para los próximos años. Una segunda opción que le ofrece es aprovechar que el Senado debe tramitar la aplicación del 155 para comparecer y "ofrecer, sin condiciones previas y garantizando un retorno a la legalidad, un diálogo".