La abstención de BComú, el partido de la alcaldesa Ada Colau, ha facilitado que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona inste al Gobierno "a reconocer y respetar el mandato democrático que emana del referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre", a propuesta conjunta del PDeCAT, ERC y CUP. También que se afirme "que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo estos días, es un golpe de Estado encubierto".
El concejal no adscrito Gerard Ardanuy y los grupos proponentes han votado a favor, Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra y BComú se ha abstenido.
Este viernes se ha celebrado la sesión de control del Pleno del Consejo Municipal, el primero tras el 1-O, en el que la alcaldesa ha defendido también la necesidad de "construir puentes" ante la preocupante situación en Cataluña y, para ello, quiere convencer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reiterado su "condena" a los "hechos represivos" del 1-O, pero su grupo se ha abstenido en la votación de la propuesta, según ha dicho, para "no entregar un cheque en blanco" al Gobierno de Junts pel Sí y para "mantener la unidad del catalanismo" a favor de un referéndum en Cataluña.
Pisarello ha señalado que "no es el momento de precipitarse" y ha hecho un llamamiento a impulsar desde Cataluña "un escenario constituyente para defender un proyecto republicano con la voluntad de establecer enlaces con el resto de pueblos del Estado".
El exalcalde convergente Xavier Trias ha dicho que el pasado 1 de octubre más de dos millones de personas, "votantes independentistas y no", se "jugaron el físico para defender el derecho a voto de una manera pacífica" y que "el referéndum se hizo pese a quien pese".
Trias ha acusado al PSOE y a Ciudadanos de ser "cómplices de la escalada represiva del PP" y ha reprochado a la alcaldesa Ada Colau que no haya roto el pacto de gobierno con los socialistas y que el 1-O no fuera a intentar detener las cargas policiales como hizo la alcaldesa socialista de L'Hospitalet.
Desde Ciudadanos, Carina Mejías ha reconocido que las imágenes de las cargas policiales "no gustaron" a su grupo y que pedirán "explicaciones" al Gobierno, pero ha señalado que las formaciones independentistas tienen la "responsabilidad" de los hechos puesto que "se saltaron la ley y lanzaron a los ciudadanos a la calle".
El líder de ERC, Alfred Bosch, ha definido la actuación policial como un "asalto general deliberado y planificado" que tuvo como objetivo, ha dicho, "castigar" a la ciudad de Barcelona, y ha sentenciado que "el mejor respeto y homenaje posible" a quienes lograron votar es "respetar el mandato de las urnas".
El presidente del grupo socialista y teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que una declaración unilateral de independencia es "la peor interpretación política del 1-O" y que rechazan la suspensión del autogobierno en Cataluña, que cree que "sólo aumentaría más la escalada represiva y la desafección de catalanes y catalanas que hoy no son independentistas".
El presidente del grupo Popular, Alberto Fernández, ha reclamado elecciones en Cataluña y al "independentismo sensato" que rompa con la CUP, cuya portavoz, Maria Rovira, ha reclamado a Barcelona en Comú que rompa el pacto con el PSC y ha insistido en que ha llegado el momento de proclamar la República Catalana.