La gestión policial, política y propagandística de los atentados de Barcelona y Cambrils ha provocado una aguda crisis de credibilidad de las autoridades autonómicas, que desde el primer momento exhibieron el liderazgo de los Mossos d'Esquadra en la respuesta a los ataques como una demostración de que la Generalidad es el verdadero Estado en Cataluña.
Un aviso procedente de los Estados Unidos recibido por los Mossos el 25 de mayo que alertaba sobre la posibilidad de un atentado en las Ramblas, una consulta de la policía belga de Vilvoorden en enero de 2016 sobre el imán de Ripoll y las apreciaciones de una juez en el escenario de la explosión del chalé de Alcanar ocupado por la célula, ocurrida 17 horas antes del primer atentado, desmontan el relato triunfalista de la Generalidad según el cual cualquier fallo es atribuible al Estado y todos los éxitos son mérito de los Mossos d'Esquadra y de la acrisolada eficacia de la administración autonómica.
Sobre la última polémica, la relativa a la alerta de los Estados Unidos, el consejero de Interior, Joaquim Forn, y el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, han protagonizado otra rueda de prensa para desmentir de modo grosero que la información recibida procediera de la CIA. Se aferraron a la línea interpretativa de que es el Estado quien se relaciona con agencias internacionales, a pesar de que no han tenido más remedio que admitir que fueron avisados, que la nota existe, llegó y obró en su poder y en su conocimiento. Esta vez la excusa es que, cotejada la información con el Estado, se restó credibilidad a la advertencia. O sea que si algo falló en materia de análisis, de nuevo la culpa fue de España.
A las pocas horas de la matanza en Las Ramblas y el asesinato de una mujer en Cambrils, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el consejero de Interior, Joaquim Forn, se dedicaron a denunciar el supuesto maltrato del Gobierno de España contra los Mossos, a los que supuestamente privaba de cualquier contacto policial de índole internacional y a quienes ocultaba información relevante. El propio major de la policía regional, Josep Lluís Trapero, no dudó en afirmar que la Policía Nacional discriminaba a los Mossos en el "reparto" de información procedente de las bases de datos internacionales sobre terrorismo.
El expediente Europol
A estas dificultades había que añadir, afirmaban, restricciones presupuestarias del Gobierno que recortaban el número de plazas en las convocatorias para Mossos y el hecho de que la policía catalana no estuviera presente en Europol, organismo de coordinación policial de los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, Puigdemont, Forn y el policía Trapero abundaban en el relato de que los Mossos habían logrado sobreponerse a todas las dificultades, incluidas las zancadillas del Estado, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, demostrado al mundo su eficacia y ganado el derecho a estar presentes en todos los foros policiales.
La actuación de los Mossos, con seis terroristas liquidados a tiros y tras haber descartado en primera instancia que la potente explosión en el chalé de Alcanar que la célula utilizaba como polvorín tuviera que ver con la preparación de bombas, era glosada por los dirigentes nacionalistas como la prueba de que Cataluña estaba preparada para convertirse en un nuevo Estado.
El policía belga
El guión comenzó a desmoronarse cuando el alcalde de la localidad belga de Vilvoorde, Hans Bonet, aseguró que la policía de su municipio había consultado a los Mossos d'Esquadra sobre la figura del imán de Ripoll y cabecilla de la célula, Abdelbaki es Satty, en enero de 2016. La respuesta de un alto cargo de la policía regional catalana llegó dos meses después y fue para decir que no se tenía información sobre el sujeto, a pesar de que había cumplido condena por tráfico de drogas.
La Generalidad negó de partida la comunicación para admitir después que sí se produjo, pero en un contexto "informal" porque ambos agentes se habían conocido en un congreso. Es Satty había levantado las sospechas de un imán en Bélgica y el policía belga afirmaba que el individuo tenía intención de viajar a Barcelona.
La juez en Alcanar
También llamó la atención que una juez advirtiera a los Mossos en Alcanar que la explosión podía tener que ver con la elaboración de bombas. La juez preguntó por la gran cantidad de bombonas que había entre los escombros y si con ese material se podían hacer bombas. Según refirió el diario ABC, la respuesta de los agentes fue: "Señoría, no exagere". Sólo unas pocas horas después, tras el atentado en Las Ramblas y antes del de Cambrils, Trapero relacionó la casa de Alcanar con la célula terrorista.
"Información no corroborada"
Ahora, El Periódico de Catalunya blande una supuesta nota de la CIA o del National Counterterrorism Center (NCTC) de los Estados Unidos a la que ya aludió una hora después del atentado de Las Ramblas en la que se avisaba a Mossos, CNI, Guardia Civil y Policía Nacional de la posibilidad de un ataque "específicamente en la Rambla", si bien se especificaba en el mismo despacho que se trataba de "información no corroborada de veracidad desconocida". Los Mossos recibieron el aviso el 25 de mayo, reconoce la Generalidad, pero niega que se tratara de una nota de la CIA o de cualquier otra agencia estadounidense. Trapero se ampara en la protección de las fuentes para no "delatar" a quién advirtió a la policía regional y Forn insiste en que Estado y Generalidad valoraron la información y no le dieron credibilidad. Uno de tantos avisos sobre la posibilidad de atentados. El error de cálculo sobre el escenario de Alcanar y los planes terroristas para volar la Sagrada Familia sirven ahora para deslizar que el atropello masivo fue un plan B de naturaleza impredecible. Se elude que la alarma aludía a "zonas turísticas muy concurridas" y que el templo proyectado por Gaudí es el más visitado de Cataluña, con una aglomeración de turistas similar a la de las Ramblas.
Así pues, ahora es el innecesario e inútil Estado español quien también decide la credibilidad de las alertas antiterroristas en Cataluña en contacto con la Generalidad pese a que la administración autonómica no para de denunciar el menoscabo permanente de las autoridades y funcionarios estatales y el riesgo que eso supone para la seguridad de los ciudadanos.
Veto a la Policía y la Guardia Civil
A todo ello se suma el rechazo por parte de la consejería de Interior a la colaboración de la Guardia Civil o la Policía Nacional antes, durante y después de los atentados, al punto que el juez que dirige la investigación, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tuvo que dar explícitas instrucciones a los Mossos para delimitar su ámbito de actuación una vez cazado el último terrorista, Younes Abouyaaqoub.
Desde el mismo 17 de agosto, la Generalidad ha tratado de sacar el máximo rendimiento político y propagandístico a los ataques. La misión era salvaguardar el curso del proceso separatista y garantizar la celebración del referéndum. La manifestación del sábado sirvió para que no quedaran dudas respecto a las intenciones del bloque separatista de aprovechar la repercusión internacional de los atentados en favor de su causa con los Mossos como símbolo y garantía del nuevo Estado.
Todo por el referéndum
La pregunta retórica recurrente en los medios nacionalistas es si el Gobierno será capaz de ordenar a los Mossos la retirada de urnas y el cierre de colegios electorales. Para dichos medios, la Generalidad ha demostrado que ya es Estado y los Mossos han dado una lección de carácter internacional sobre cómo se combate al terrorismo, lección que podría haber sido mayor si no tuvieran que actuar con una mano atada a la espalda, según la propaganda nacionalista, por culpa de las restricciones que les impone el Estado español. En semejante contexto, afirman que el Estado no se atreverá a intervenir el 1 de octubre entre otras cosas porque según ha declarado con insistencia el consejero Forn, los Mossos "velarán por la libertad para votar".
Dada la acumulación de contradicciones, medias verdades y mentiras, los partidos de la oposición en Cataluña piden la comparecencia de Forn en el Parlamento catalán. De momento no se alude a una comisión de investigación porque la actualidad parlamentaria está centrada en el pleno que se celebrará los próximos días 6 y 7 de septiembre, sesión en la que los grupos separatistas tienen previsto aprobar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Acto seguido se publicará el decreto de convocatoria del 1-O en el 'BOE' autonómico catalán.
Pere Soler, 'missing'
Uno de los elementos destacados es la "desaparición" del director general de los Mossos, el convergente Pere Soler. Su nombramiento se produjo en la purga que se llevó por delante a los considerados "tibios", los altos cargos que se negaban a violar la legalidad. Soler era un "pata negra" del independentismo convergente cuyo rastro en las redes sociales no dejaba lugar a dudas. Los españoles le daban "pena".
La Generalidad le ha ocultado durante las dos últimas semanas a pesar de que en teoría es el superior operativo de los Mossos. Cabe constatar que Trapero es amigo de Carles Puigdemont y que fue nombrado major de los Mossos, un cargo vacante desde hace diez años, por el mismo Puigdemont hace cuatro meses. La ausencia de Soler se atribuye a su condición de director general de los Mossos aparente, en calidad de mero testaferro.