El líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha vuelto a dar carta de naturaleza este lunes, tras presentar los independentistas la llamada Ley de Transitoriedad, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío secesionista.
Se trata de una vía que el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, descartó expresamente este verano en una entrevista a Europa Press, por considerar que existen otras fórmulas "más oportunas y realistas". Durante una rueda de prensa en el Parlamento catalán, y a preguntas de los periodistas, Albiol ha dicho que, llegado el caso, "aplaudiría" la aplicación de la cláusula constitucional para autonomías rebeldes: "No tenemos ningún tipo de problemas si, al final, para evitar este golpe de estado, se tiene que aplicar el artículo 155".
No obstante, Albiol ha asegurado que hay "un amplio abanico de posibilidades antes de llegar al 155, que es un caso extremo" en una comparecencia donde no ha dudado de tildar de "república bolivariana" el texto presentado por los protagonistas del proceso secesionista.
Arrimadas e Iceta
Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, primera fuerza política de la oposición en Cataluña, ha vaticinado el fin de la aventura secesionista y ha insistido en que la misma será sustituida por una cita adelantada con las urnas en esa comunidad: "Se acerca del fin del procesismo, de ese modus vivendi de tanta gente durante siete años. Y hoy mismo lo han reconocido, las personas que han presentado la ley. Ya empiezan a hablar de elecciones, por fin".
Poco después de las palabras de Arrimadas, el Gobierno se ponía en contacto con Ciudadanos mediante una llamada de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, al secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas. En los últimos meses, PP y Ciudadanos, de cuyo acuerdo de investidura se cumple este lunes precisamente un año, han mantenido una significada unidad de acción ante el desafío secesionista, que se han concretado en el recurso conjunto tanto de los presupuestos catalanes como de la reforma del reglamento del Parlament de Cataluña.
Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta ha dicho que estamos ante " un nuevo engaño de un proceso engañoso, no habrá ni referéndum el 1 de octubre ni el día 2 tendremos una república" ha afirmado en rueda de prensa en la sede de la calle Nicaragua. Es otro episodio más, ha dicho Iceta " de este proceso inacabable que no lleva a ningún lado".
El calendario rupturista en manos de la CUP
Que los 10 diputados antisistema de la CUP tienen el control total del calendario del Ejecutivo catalán ha vuelto a quedar patente este lunes en el que el independentismo retomaba el camino hacia el referéndum con un anuncio muy esperado. Antes de 34 días, por tanto, deberá estar aprobada la Ley de Transitoriedad que era el secreto mejor guardado del gobierno de Carles Puigdemont y que hoy veía la luz después de haber llegado a un acuerdo en las últimas horas entre los socios de Juntos por el Sí y la CUP.
Una relación que tiene los días contados, según anunciaba hace una semana la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal y que sin embargo hoy intentaba acallar rumores con un texto que básicamente pretende sentar la bases de un hipotético nuevo Estado catalán. La Ley de Transitoriedad entrará en vigor únicamente de vencer el "sí" en el referéndum y plantea otro escenario en caso de que no sea así. Si se impone el "no" aseguraba este lunes Lluís Corominas, presidente de JxSí, el escenario entoncessería un adelanto electoral inminente en Cataluña. "Esta ley pone fin al procés", es lo que decía el diputado de la CUP, Benet Salellas que da por muerto el autonomismo.
Registradas la Ley de Transitoriedad y la del Referéndum el siguiente paso es tramitarlas. Los independentistas aseguran que las sacarán adelante durante el mes de septiembre pero la incógnita es cómo. En el primer pleno ordinario del 6 de septiembre será cuando previsiblemente salga adelante la ley del referéndum para poder convocar las consulta ilegal cuanto antes. El gobierno de Carles Puigdemont puede optar por dos vías, bien por alterar el orden del día del pleno a petición de dos grupos de la cámara o de la presidenta o bien vía decreto ley.