El nuevo Gobierno de la Generalidad afronta los dos meses y medio que faltan para el referéndum con una agenda plagada de compromisos de previsibles consecuencias judiciales. El principal acuerdo del Consell Executiu del próximo martes será el traspaso de las competencias en materia de procesos electorales del departamento de Gobernación al de Vicepresidencia y Economía de Oriol Junqueras. Lo anunció el propio líder de ERC en la rueda de prensa del pasado viernes para dar cuenta de los cambios en el ejecutivo. No hay marcha atrás posible ni frenazo estratégico de última hora que valga. Se van a comprar urnas. En realidad y según la página "garanties.cat", el shoppingya está en marcha sin necesidad de concursos.
Oriol Junqueras asume el mando, pero parapetado tras un formato de toma de decisiones colegiadas en el que los actos de relevancia jurídica de la organización y celebración del referéndum implicarán a todos y cada uno de los miembros del gobierno catalán, del president a los cargos de confianza de las consejerías que cobren de 60.000 euros anuales para arriba. De ahí que los nacionalistas no descarten más bajas de última hora en la administración autonómica, bien de forma voluntaria o forzosa.
"Operación patrimonio"
La propaganda separatista incide en que la crisis de gobierno ha desactivado una supuesta "Operación patrimonio" del Estado contra el referéndum. Tal operación es como se llama al expediente en el Tribunal de Cuentas que podría suponer para Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs el abono de más de cinco millones de euros de su patrimonio, estimación a la baja de lo que costó el referéndum del 9-N, por malversación de caudales públicos.
Jordi Baiget, exconsejero de Empresa y Conocimiento, fue el primero en referir que no es lo mismo una inhabilitación (reconocimiento al mérito separatista) que el bolsillo en una entrevista "veraniega" en el periódico independentista El Punt Avui. Puigdemont le cesó a pesar de que Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, la formación heredera de Convergència, había asegurado su continuidad. El exalcalde de Gerona y presidente gracias a la CUP quiso mostrar su autoridad. No podía tolerar tal insubordinación. Baiget había afirmado además que Puigdemont ocultaba información sensible sobre la organización del referéndum a los consejeros de la cuota convergente.
"Procesistas" de conveniencia
ERC y la CUP aprovecharon la brecha para exigir adhesiones inquebrantables al referéndum, una "limpia" en el ejecutivo, poner en duda el compromiso de los convergentes y acentuar su perfil independentista y de izquierdas frente al "procesismo" burgués y de conveniencia del PDeCAT.
El "Estado Mayor del proceso", que es el nombre que recibe el gobierno en la sombra de Cataluña, resolvió la salida de la consejera de Presidencia y portavoz Neus Munté, del consejero de Interior, Jordi Jané, y de la titular de Enseñanza Meritxell Ruiz.
Se salvó de la quema Meritxell Borràs, consejera de Gobernación y única querellada de momento por la Fiscalía a cuenta del abortado concurso de compra de urnas. Y todo bajo la supervisión del órgano mixto formado por Mas, su asesor David Madí, los republicanos Xavier Vendrell y Joan Puigcercós y los jefes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente. Son los integrantes de más relieve de la plana mayor del golpe, quienes diseñan la estrategia de confrontación y la respuesta a los partidos y sectores no separatistas, el Gobierno y los tribunales.
El fin de la nueva Convergència
La consejera Borràs provocó un serio incidente en el ejecutivo cuando denunció que el vicepresidente Junqueras se negaba a firmar las órdenes para la licitación de las urnas. La revelación reactivó el victimismo convergente. El proceso se cebaba contra Mas, Homs, Rigau y la propia Borràs, todos del PDeCAT mientras ERC surfeaba la ola judicial sin mojarse. Las encuestas, a mayor abundamiento, coinciden en otorgar una victoria autonómica a ERC en detrimento del PDeCAT, que competiría en la liga electoral catalana del PP y la CUP.
Los dirigentes de Convergència han llegado a la conclusión de que el PDeCAT no es una opción, de modo que David Madí y Artur Mas tratan de asentar un escenario en el que sea posible la reedición como marca electoral de "Junts pel Sí", la coalición de CDC y ERC adornada con independientes como el excantautor Lluís Llach o el exeurodiputado "ecocomunista" Raül Romeva.
Convergentes y republicanos demostraron su incompatibilidad en los tripartitos de Maragall y Montilla. El objetivo de ERC es suplantar el pujolismo y el de Mas, Madí, Homs y el núcleo duro del pujolismo, capear el temporal con otra coalición que camufle su creciente irrelevancia electoral. A tal efecto están dispuestos a sacrificar una marca que en ERC ya dan por finiquitada.
La opción Tardà
Junqueras se ha aferrado al timón tras cobrarse las piezas de tres consejeros y un secretaario del gobierno. E incluso parece dispuesto al sacrificio. Este domingo y en una acampada de la juventudes de ERC ha prometido que "a fe de Dios que habrá urnas". Ante una hipotética inhabilitación del actual líder se baraja el nombre del diputado en el Congreso Joan Tardà como cabeza de cartel republicano en Cataluña para la contingencia de unas elecciones autonómicas.