Tensión, división, sospechas, recelos, acusaciones veladas y temor a las consecuencias económicas de la desobediencia. El Gobierno autonómico catalán es un polvorín y aumentan los rumores sobre una remodelación que podría llevarse por delante a "tibios" como el consejero de Interior, Jordi Jané, la portavoz, Neus Munté, la titular de Enseñanza, Meritxell Ruiz, o la de Gobernación, Meritxell Borràs, que es la única componente del ejecutivo que ostenta la condición de investigada por el anulado concurso para la compra de las urnas del referéndum del 1 de octubre.
Oriol Junqueras no acepta asumir la responsabilidad de organizar el referéndum si Puigdemont no accede a sus condiciones, que pasan por una purga que afectaría también al secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana. Todos ellos son considerados por ERC refractarios al referéndum. Forzado por su partido, Puigdemont intenta que "su" vicepresidente Oriol Junqueras, asuma, tal como se comprometió, la organización del referéndum, pero el líder de ERC se niega salvo que todos los miembros del ejecutivo regional se comprometan a firmar en bloque las órdenes y decretos que puedan tener relevancia penal.
El extitular de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, se erigió en víctima propiciatoria de la caza de brujas interna al declarar que no tenía ningún problema en afrontar una inhabilitación o incluso una pena de cárcel, pero que no estaba dispuesto a poner en riesgo el patrimonio familiar. No es el único que piensa así, pero sí el que lo dijo en público. La consecuencia fue su cese fulminante tras las presiones al president de ERC y la CUP.
El relevo provocó fuertes críticas en el PDeCAT hasta que trascendió que Artur Mas había avalado la destitución, pese a ser Baiget uno de sus hombres de máxima confianza. El expresidente catalán pretende llevar el proceso hasta el final y para ello cuenta con la complicidad de Carles Puigdemont. Sin embargo, las relaciones entre ambos pasan por una fase crítica puesto que, según El País, Mas mantiene hilo directo con Junqueras y con el líder republicano habría negociado a espaldas del actual president los ceses de Jané y Munté en favor de Joaquim Forn (concejal del PDeCAT en Barcelona, peón de David Madí e independentista sin mácula) y Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí.
La espoleta del Tribunal de Cuentas
Estos contactos a sus espaldas han enervado a Puigdemont, que este jueves ha hecho desfilar por su despacho y por separado a los consejeros del PDeCAT para determinar su grado de implicación en el referéndum. El pánico se ha desatado en el ejecutivo catalán por el expediente abierto en el Tribunal de Cuentas y que podría suponer el embargo de los bienes de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para afrontar la malversación de más de cinco millones de euros en la organización y celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014.
La posibilidad de que los consejeros tengan que asumir con su dinero la celebración de otro referéndum ilegal es la preocupación de los titulares de carteras del PDeCAT en la Generalidad. A los consejeros de la cuota de ERC también les preocupa la hipotética repercusión patrimonial de la desobediencia, pero aún más, sobre todo a Junqueras, el riesgo de inhabilitación, toda vez que las encuestas coinciden en señalar que ERC ganaría las próximas autonómicas y podría gobernar en coalición con los comunes de Ada Colau y el PSC.