El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha arrancado de su vicepresidente, Oriol Junqueras, y del consejero de Exteriores y Transparencia, Raül Romeva, el compromiso de que el próximo martes, en la habitual reunión del ejecutivo autonómico, pedirán formalmente el traspaso de la competencia para comprar las urnas del referéndum de autodeterminación del próximo 1 de octubre.
Este es el parche a la crisis provocada por las condiciones impuestas por Junqueras a Puigdemont para aceptar la "oferta" de liderar la organización del referéndum. Quería la cabeza del secretario del Govern, Joan Vidal de Ciurana, e interrogar a Neus Munté, consejera portavoz, la titular de Gobernación Meritxell Borràs y la de Enseñanza, Meritxell Ruiz, sobre si están dispuestas a arriesgar su patrimonio en el proceso.
Este pasado martes, Puigdemont reclamó a Junqueras que asumiera el compromiso de organizar el referéndum, un encargo que aceptó cuando la moción de confianza de septiembre del año pasado, pero que se resiste a ejercer por temor a una inhabilitación. El presidente de la Generalidad y el PDeCAT pretenden achicharrar al líder de ERC en la fase final del proceso para eliminarlo como candidato de ERC.
Puigdemont ha conseguido tensar la cuerda en la relación con ERC hasta el punto de Junqueras no ha tenido más remedio que hacer un gesto, igual que Romeva, a quien en el PDeCAT reprochan no haber hecho nada para fomentar el voto en el exterior, así como su nula eficacia para internacionalizar el "conflicto".
El pulso entre convergentes y republicanos se remonta a dos meses atrás, cuando Meritxell Borrás, consejera de Gobernación, exigió que Junqueras le entregara por escrito y firmada la orden de sacar a concurso la compra de las urnas necesarias para el referéndum. El dirigente republicano se negó en redondo y puso como excusa que los actos administrativos que puedan ser causa de investigación llevaran una especie de rúbrica colectiva del ejecutivo regional.
Borràs sacó a concurso la compra, tuvo que montar una mesa de contratación con altos cargos porque los funcionarios habilitados se negaron a participar sin garantías legales y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se querelló contra ella y el secretario general de su departamento, Francesc Esteve, que tras la denuncia fue promocionado por Puigdemont a la dirección del gabinete jurídico de la Generalidad.
Trámite interno
Ante el riesgo jurídico, el Govern suspendió el concurso por motivos "técnicos" y presentó recurso ante el TSJC para que despojara a la consejera Borràs y a su secretario general Esteve de la condición de investigados. Vano intento. En cambio y en el plano político, el PDeCAT ha logrado una victoria pírrica sobre ERC. Junqueras y Romeva se verán obligados el próximo martes a dar un cuarto de paso en favor del referéndum con un trámite de orden interno. La vicepresidencia económica y la consejería de Relaciones Exteriores, Internacionales y de Transparencia, que ostenta Romeva, "independiente" exeurodiputado ecocomunista pasado por la ANC, pedirán formalmente al departamento de Gobernación que le ceda sus competencias en materia de adquisición de material electoral.
El gesto no implica un acto de desobediencia directa, pero enreda un poco más a Junqueras, partidario de aplicar una política de firmas colectivas para los actos de relevancia judicial. En el PDeCAT replican que el proceso sólo se ha llevado por delante las carreras de líderes convergentes y que ha llegado la hora de que ERC con su lider al frente se implique en el proceso sin el cinturón de seguridad de no dejar rastro gráfico en las órdenes, actividades y decretos golpistas.
En cuanto a las urnas, la página "garanties.cat" del bloque separatista afirma que ya se han empezado a comprar por la vía de los gastos ordinarios de la Generalidad. Quedan ochenta días para el 1 de octubre.