Los partidos separatistas guardaban el texto bajo siete llaves con el propósito de dificultar la reacción del Tribunal Constitucional. La denominada "ley de transitoriedad jurídica" es la norma por la que se ha modificado el reglamento de la cámara catalana y la que según la Generalidad da perfecta cobertura a sus planes secesionistas. El texto prevé todos los detalles de la ruptura, hasta la proclamación de la república catalana si no se puede llevar a cabo el referéndum. Sería el plan B si el Estado frena la consulta.
La norma, cuyas líneas maestras han trascendido en El País, incluye entre sus disposiciones una estructura judicial nombrada por el Gobierno de la Generalidad cuya primera misión sería la de amnistiar a los inhabilitados por el 9-N. No menos importante es el objetivo de asumir todos los casos relativos a Cataluña en manos de la Audiencia y el Tribunal Supremo, lo que abre grandes expectativas a los investigados por corrupción, familia Pujol incluida.
"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?" será la pregunta del referéndum que detalla la "ley". En caso de que no se pueda llevar a cabo, se proclamaría la república de manera inmediata. Es la última frase del borrador: "Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento".
Soberanía del pueblo catalán
La legalidad de todo esto se sustenta, según sus promotores, en el punto número dos: "La soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado". A partir de ahí se regulan aspectos como quién será ciudadano catalán, cómo conseguir la nacionalidad, que el catalán será el único idioma oficial, el nuevo destino de los funcionarios del Estado y el cambio automático de propiedad de las instalaciones e inmuebles del Estado.
El texto ha sido coordinado por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y jurista de referencia de la Generalidad. Entre sus grandes hallazgos incluidos en la norma figura la permanencia del nuevo Estado en la Unión Europea, la continuidad del cobro de pensiones y prestaciones sociales y la recaudación inmediata de todos los impuestos.
El texto se conoce el mismo día en que Carles Puigdemont, acompañado por Oriol Junqueras y Raül Romeva, presentará su "oferta" de diálogo en Madrid para pactar un referéndum con el Gobierno. Es la última oportunidad, según el bloque separatista, para el Estado. De no hacer caso, todo está preparado para aprobar la "ley de transitoriedad jurídica", una especie de ley marcial, por la vía de su lectura en la sesión parlamentaria que convenga a los partidos separatistas.
Desmentido
Uno de los portavoces de Junts pel Sí, el convergente Jordi Turull, afirmado que el texto difundido por El País es un "supuesto borrador" que se ha quedado "desfasado". Fuentes del gobierno de la Generalidad se han pronunciado en el mismo sentido. Han apuntado que en la nueva versión el referéndum se regulará con una norma diferente a la "ley de transitoriedad". También han negado que esté prevista la declaración unilateral de independencia.
Los nacionalistas atribuyen la filtración de ese borrador a un intento de "deslegitimar" la oferta que este lunes presentará en Madrid el presidente de la Generalidad flanqueado como en Bruselas por Oriol Junqueras y Raül Romeva.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado la convocatoria urgente de la cúpula fiscal para analizar el contenido de esta ley de transitoriedad. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) analiza cada paso de la Generalidad y ya investiga el concurso para la compra de las urnas. La conferencia de Puigdemont en Madrid, que lleva por título "Un referéndum para Cataluña. Una invitación a un acuerdo democrático" no contempla en principio la "solución" unilateral. También niegan en el gobierno catalán que pretendan hacer jurar una constitución catalana a jueces y policías.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado la convocatoria urgente de la cúpula fiscal para analizar el contenido de esta ley de transitoriedad. La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) analiza cada paso de la Generalidad y ya investiga el concurso para la compra de las urnas. La conferencia de Puigdemont en Madrid, que lleva por título "Un referéndum para Cataluña. Una invitación a un acuerdo democrático" no contempla en principio la "solución" unilateral. También niegan en el gobierno catalán que pretendan hacer jurar una constitución catalana a jueces y policías.