José de la Mata sigue a vueltas con la fortuna de la familia Pujol. Un patrimonio que dejó huella por su inmensidad –1.800 millones de euros según estimó en 2014 el ministerio del Interior; hasta 3.000 millones según los últimos datos–. El magistrado de la Audiencia Nacional centra sus esfuerzos en averiguar el origen de los fondos que la familia vincula con el legado del abuelo Florenci, padre del expresidente Jordi Pujol, multiplicado por la excelente gestión de sus asesores. Aunque sobra indicios que apuntan al cobro de comisiones a cambio de contratos amañados desde las administraciones controladas por Convergencia, el famoso 3%.
La versión que defiende el clan condujo el martes a prisión a Jordi Pujol Ferrusola, que habría sacado 30 millones de España desde que comenzó la investigación en 2012. Sus sociedades facturaron 11 millones de euros por supuestas tareas de asesoramiento a empresas urbanísticas contratistas de la Generalidad. El juez cree que fueron simuladas y no se prestaron los trabajos, más allá de los indicios de blanqueo. Indeterminada la procedencia de los fondos, todo apuntaba al primogénito como gestor y repartidor a partes iguales entre los siete hermanos y la madre.
Es Marta Ferrusola i Lladós. Según la nueva documentación aportada por la Fiscalía, habría desempeñado un rol superior. Hay una "mención manuscrita" en la memoria de operaciones bancarias de los Pujol en Andorra, facilitada por las autoridades del Principado, que apuntan a la matriarca como principal gestora de la fortuna familiar. Lo habría sido al menos hasta que los hijos abrieron sus cuentas en el país vecino.
Sin justificación
Esta información está reflejada en el auto que ordenó este miércoles los registros en domicilios y despachos de Jordi Pujol, Marta Ferrusola y el mayor de los hijos. El expresidente catalán despachó con un "siento mucho todo lo que está pasando" y ha evitado este jueves a los medios de comunicación en la puerta de su vivienda. Por su parte, Jordi Pujol Ferrusola ha pasado la noche en la cárcel de Zaragoza a la espera de su traslado a la prisión madrileña de Soto del Real.
El magistrado considera que "se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuentes de prueba que ya se apreció en febrero de 2016", cuando el juez le retiró el pasaporte. Según refleja en su auto, el control previsto hasta ahora al primogénito "ha resultado insuficiente". También menciona la estrategia "orquestada y coordinada" con todos los miembros de su familia.