Ni la suspensión de los presupuestos autonómicos, ni la sombra de la inhabilitación para los componentes de la Mesa del Parlament e incluso para el Govern, ni las investigaciones abiertas por la Fiscalía ni tampoco las advertencias en caso de desobediencia al Tribunal Constitucional detendrán el proceso. La consigna de la Generalidad es seguir adelante con los preparativos de la nueva consulta y con las "estructuras de Estado" (la Hacienda y el "servicio de inteligencia"), cuyos proveedores están en el punto de mira de la Audiencia Nacional.
La Assemblea Nacional Catalana (ANC) tiene el encargo de preparar una inapelable exhibición de músculo callejero para hacer frente a los tribunales e "imponer" a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras la celebración del referéndum. No hay fisuras entre el presidente y el vicepresidente de la Generalidad, a diferencia de lo que ocurre en el seno del gobierno catalán entre los departamentos dirigidos por Convergencia y los de ERC y también en el grupo parlamentario de Junts pel Sí. El encargo a la ANC consiste en que supere los anteriores registros en un acto para abrir la campaña del referéndum. La CUP desconfía del éxito de esa opción y sopesa una cascada de acciones como el asalto a la sede del PP para enmarcar las semanas previas al referéndum.
Junqueras lidera los preparativos de la consulta y su departamento encabeza la recogida y registro de datos de los ciudadanos de Cataluña. Además, propone que la convocatoria lleve la firma de todos los consejeros, así como del president. Acalla así a los convergentes que reprochan a ERC que no disponga de ningún inhabilitado en sus filas y las cordiales relaciones que mantiene con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El previsible bloqueo jurídico de las leyes de desconexión (por mucho que se guarden hasta última hora y se aprueben en cinco minutos), así como la "monitorización" de la Fiscalía de los movimientos de la Generalidad y sus contratistas sitúan a los responsables institucionales del proceso en la misma situación de ilegalidad del pasado 9-N.
Diferencias con el 9-N
Sin embargo, las diferencias son notables. Para empezar, la Generalidad afirma que el referéndum será vinculante y aplicará sus resultados aunque se registre una gran abstención. Puigdemont y Junqueras no se podrán escudar en defectos procedimentales para desobedecer al Constitucional, como hicieron las defensas de Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Además, existe la instrucción judicial de impedir que se reproduzca el 9-N.
Además de la respuesta popular, el separatismo se aferra a los efectos del Brexit para redoblar su ofensiva exterior. El discurso al respecto ha cambiado. Dados los magros resultados de los contactos, ahora se dice que el propósito de viajes como el de Puigdemont de una semana en los Estados Unidos es informar de la situación, no recoger apoyos. No obstante, las declaraciones del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, sobre Escocia y la beligerante respuesta británica sobre Gibraltar y Cataluña han sido recogidas al vuelo por la Generalidad para intentar colocar el proceso en la agenda europea.
A finales de abril, Mas girará por Bruselas, París y Ginebra con una conferencia sobre el caso catalán y Junqueras tiene previsto un viaje a Miami, Washington y Nueva York, entre otras ciudades, del 29 al 6 de mayo, para explorar las posibilidades de financiación de la Generalidad a través de los mercados internacionales.
Abandono del FLA
El departamento de Economía que dirige el líder de ERC sopesa abandonar el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) el próximo año, según el diario nacionalista Ara. En los últimos seis años, Cataluña ha sido la comunidad autónoma que más dinero ha recibido del FLA, más de sesenta mil millones de euros de rescate.
El panorama económico que maneja la administración autonómica ya no es el mismo que en lo más crudo de la crisis y Junqueras cree que puede garantizar la desconexión financiera en unos meses. Dos tercios de la deuda catalana quedarían en manos del Estado, lo que según el republicano sería positivo para Cataluña a la hora de negociar los términos del divorcio.