El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su participación en la trama Púnica, en contra del criterio de Anticorrupción.
Velasco ha elevado una exposición razonada al TSJM al apreciar indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red Púnica y pagados con dinero público.
En su auto, el juez admite que el contrato para mejorar su imagen en internet que se iba a pagar con dinero público no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. Añade que si el contrato se hubiera realizado habría sido un delito de malversación.
Con esta acción, dice el juez, "lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares", y añade que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen "dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública".
Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió "acuerdo y concertación" afectando a los intereses de la Administración.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 conformó la pieza relativa a las actividades de la trama en Púnica en un auto que dio a conocer el pasado 13 de febrero y en el que dirigió el procedimiento contra 22 personas, entre ellas Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro a quien le atribuyó cinco conductas delictivas.
La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso.