La fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca, ha pedido al tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel que incluya una decena de conversaciones telefónicas de los líderes de la trama, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Entre ellas destaca la mantenida entre Alavedra desde su propio teléfono móvil el 13 de julio de 2009 con el expresidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas, y otra con el también expresidente Jordi Pujol el 2 de julio de 2009, fechas en las que tanto Mas como Pujol no eran presidentes.
En esta primera sesión de juicio que acoge la Audiencia Nacional también ha solicitado que se incorpore a la causa una documental consistente en una hoja Excel en la que se refleja cómo el bufete de abogados Pretus -que da nombre a la operación- creaba sociedades off shore para varios clientes, entre ellos Luis Andrés García, conocido como 'Luigi' y cabecilla de la trama. El documento recoge también información sobre la sociedad a través de la cual 'Luigi', que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel, percibió parte de las comisiones ilegales.
Además pide que se incorpore una documental relacionada con la actividad de la sociedad que utilizó Prenafeta, exsecretario de la Presidencia en la Generalidad y hombre cercano al expresidente Jordi Pujol, y su esposa María Luisa, también acusada en el caso y para la que la Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel.
Acuerdo con MacMahan y Torres
El Ministerio Fiscal ha adelantado este lunes en la primera jornada del juicio de la trama Pretoria el acuerdo alcanzado con la defensa de los acusados Philip MacMahan y Gloria Torres, a quienes rebajará su petición de pena en tres y dos años de prisión respectivamente a cambio de que reconozcan su implicación en la trama.
Tanto MacMahan como Torres son presuntos testaferros del que fuera consejero de Economía de la Generalidad Macià Alavedra durante la presidencia de Jordi Pujol. Sobre este último, la Fiscalía esperará a conocer su declaración ante el tribunal que juzga el caso para decidir si materializa el principio de acuerdo alcanzado, lo que implicaría una rebaja de la pena que inicialmente solicitaba para él de seis años y diez meses de prisión.
La fiscal Anticorrupción se ha mostrado favorable a modificar su escrito de conclusiones y pedirá medio año de cárcel y multa de 2.606.206,34 para MacMahan (que se enfrentaba a tres años y medio) y seis meses de prisión y multa de 315.00 euros para Torres (para la que pedía dos años y medio) a cambio de que reconozcan los hechos que se les imputa constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
Ambos forman presuntamente parte de una red de corrupción que habría cometido irregularidades urbanísticas entre los años 2000 y 2009 en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona. En el caso de MacMahan, si se declara insolvente se solicitaría arresto sustitutorio máximo de un año de prisión.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, estos dos acusados serían personas de confianza de Alavedra, uno de los principales encausados del caso junto con Lluis Prenafeta, exsecretario de Presidencia. La Fiscalía les atribuye la planificación y ejecución "del cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".
Petición de las defensas
Los abogados del exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, el socialista Bartolomé Muñoz, y de Luis Andrés García se han opuesto a que se incorporen las conversaciones telefónicas referidas anteriormente alegando quebranto de derechos fundamentales e invasión injustificada de su intimidad.
Este último ha añadido que es la Audiencia Provincial de Barcelona el órgano competente para juzgar a los encausados en detrimento de la Audiencia Nacional, donde se empezó a instruir la causa en el año 2009 por el entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 Baltasar Garzón.
El letrado de Alavedra y Prenafeta ha pedido por su parte que se declare prescrito el delito de blanqueo de capitales que se atribuye a este último por defraudar las cuotas tributarias del IRPF de los ejercicios 2001-2003. Además ha denunciado que se dictara auto de procedimiento abreviado incluyendo estos hechos sin que se hubiera tomado declaración al acusado y a su esposa Lluisa Mas informándoles de esta imputación.
El Ministerio Público sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.
Las actuaciones investigadas son la operación Pallaresa de Santa Coloma de Gramanet, en la que participaron, entre otros, Luigi y Dobarco; la operación Niesma de San Andrés de Llavaneras, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.