Los separatistas catalanes no van a levantar el pie cualquiera que sea el resultado de este procedimiento. Lo habían manifestado con anterioridad y Francesc Homs lo ha reproducido ante los magistrados del Tribunal Supremo que le han juzgado por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. En el turno de última palabra, el acusado se ha puesto solemne para lanzar una suerte de advertencia: "Me siento en la necesidad de decirles que tomen la decisión que ustedes tomen, sepan que para nada modificarán mi conducta de promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Y no digo esto solo para quedar bien ante no sé quién, sino simplemente para constatar una actitud que no solo es la mía, sino también de una cantidad de gente enorme. No se pueden ustedes imaginar lo que representa".
Los tres días de vista oral no han modificado las posiciones. Antes del alegato final del Homs, el representante de la Fiscalía ha expuesto su informe de conclusiones finales en relación a la consulta para la ruptura de Cataluña con España del 9 de noviembre de 2014. Jaime Moreno mantiene la petición de pena de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Parte de la consideración del Tribunal Constitucional –cuya providencia de 4 de noviembre suspendió la consulta de forma cautelar– como máximo intérprete de las normas: "Se decide no detener esa convocatoria y efectuar actos de impulso hasta el punto de que se celebra. Lo que sucedió en aquellos días fue una cuestión que hoy se intenta desviar con otras argumentaciones. Pero no fue ni más ni menos que un desafío a la legalidad. Se trató de un pulso al Estado de Derecho por parte del Gobierno de una Comunidad Autónoma que decidió que desoía el mandato del Tribunal Constitucional".
El fiscal ha incidido en que no se está enjuiciando la actuación de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar. "Se enjuicia a quienes, como gestores políticos, se concertaron para imponer su propia voluntad frente a lo que ha establecido la fuente normativa". En estos términos, Jaime Moreno ha hecho referencia a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, cuyo juicio por los mismos hechos y delitos se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque no están aforados como Homs, actual diputado en el Congreso.
Argumentos de la Fiscalía
Jaime Moreno, en representación del Ministerio Público, ha derribado los pilares en los que se asienta la defensa: "mi actuación era legal", "estaba en manos de voluntarios y no podíamos pararlo" y "en caso de no celebrarlo, hubiéramos vulnerado los derechos fundamentales de voto y participación". Según el fiscal, hubo "distorsión valorativa" al entender Homs –al menos, es lo que dice–que actuaba legalmente: "Bastaba con saber que la providencia del Constitucional privaba de competencia para celebrar lo que de fondo se estaba discutiendo". De las supuestas carencias del mandato alegadas por el acusado, ha apuntado que en el recurso "se admitía que o se revoca la providencia o no se podrá celebrar la consulta".
Sobre el segundo extremo, la carga probatoria de este juicio ha acreditado que el Gobierno catalán impulsó necesariamente la consulta después del veto. Resulta evidente una carta de Homs ordenando a T-Systems que completara los trabajos de instalación del equipo informático para la votación como respuesta a la alarma de la empresa por la suspensión. "Se adquieren posteriormente 7.000 portátiles. Decir que quedaba en manos de voluntarios es algo que no se sostiene por sí solo".
"Y el tercer argumento, de no hacerse la votación se hubieran vulnerado derechos fundamentales. Si se tienen, sí; si no se tienen, no. Me explico, tal vez un hijo mío de 16 años quiera votar en las generales, ¿tiene derecho al voto? No. Mira, no puedes votar. Es que no se está vulnerando el derecho al voto, lo que se estaba vulnerando era el Estado de Derecho", ha concluido el representante del Ministerio Público.
Alegato de Homs
El acusado tiene derecho a clausurar el juicio con el trámite de última palabra. No siempre se ejercita, pero Francesc Homs ha aprovechado la oportunidad y los focos para filtrar una serie de mensajes. Primero, una respuesta directa a Jaime Moreno: "Tomando la palabra al Ministerio Fiscal de que habíamos hecho un pulso al Estado; si poner las urnas es hacerle un pulso al Estado, yo no quiero ser de este Estado".
Al mismo tiempo, ha exhibido el halo de superioridad del separatismo catalán sobre el resto del país: "No hay democracia sin ley, pero en Cataluña también sabemos que ha habido ley sin democracia. Nuestro Parlament solamente ha dictado leyes cuando ha habido democracia. En el Estado español se han dictado leyes sin democracia". También ha aludido a la "voluntad de autogobierno de Cataluña a lo largo de toda su historia" y a que actuaron "para defender la dignidad del pueblo de Cataluña".
Homs ha remarcado que "en este juicio se confunde Derecho y política". Para subrayar la "responsabilidad" del Tribunal, ha narrado cómo en los últimos años han obtenido la respuesta política al proceso separatista, "que ha sido que no", y la respuesta constitucional en relación al Estatuto de Cataluña de 2006 que el Tribunal Constitucional suspendió en sus aspectos relacionados con el autogobierno y las referencias a "Cataluña como nación" y a "la realidad nacional de Cataluña".
En la víspera de la respuesta penal que saldrá de esta causa y en un intento de verter presión sobre los magistrados, el portavoz rupturista ha manifestado: "Ustedes tienen la inmensa responsabilidad no solo de juzgarme a mí. Yo creo que en el contexto histórico que vivimos todos, lo más circunstancial, lo más prescindible, es lo que me pase a mí. Y no lo digo con modestia. Lo más relevante desde esta perspectiva es el efecto que va a tener y que va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña su sentencia".