La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento por un delito de terrorismo de tres de los presuntos autores de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) a la espera de resolver los recursos interpuestos por los otros cuatro procesados en esta causa.
Se trata de Oihan Arnanz, uno de los tres procesados que permanece en prisión desde noviembre, y Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob, que se encuentran en libertad desde diciembre.
En sendos autos, la sección cuarta de lo Penal confirma que los hechos son constitutivos de un delito de terrorismo "por el clima de presión y hostigamiento" hacia los agentes del cuartel de la Guardia Civil en Alsasua, por lo que la competencia para juzgar lo ocurrido es de la Audiencia Nacional y no del juzgado de Pamplona que abrió las primeras investigaciones, tal y como reclamaban los procesados.
En opinión de la Sala "no resulta descartable, sino todo lo contrario" que los procesados por el ataque cometieran un delito de naturaleza terrorista. "Con la información acumulada no podemos considerar los graves actos de la madrugada del 25 de octubre como una simple agresión y, mucho menos, como una pelea de bar", especifican.
Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel respaldan así la decisión de la juez Carmen Lamela y precisan que no se puede obviar el contexto veladamente opresivo que existe en la localidad y el "grave rechazo" que produce en los atacantes la presencia de la Guardia Civil en Alsasua "donde incluso existe un movimiento que preconiza su expulsión y su aislamiento social.
La Sección habla en dos autos, hechos públicos este lunes, del clima de presión y hostigamiento que relacionan -haciendo referencia a distintas declaraciones de testigos- con el movimiento Ospa Mugimendua y la campaña Alde Hemendik. Aseguran que estas iniciativas "pretenden condicionar la vida de los Guardia Civiles y sus familias para crear una situación de temor y dificultad" en sus vidas cotidianas.
El objetivo es lograr que los agentes allí destacados pidan su traslado de destino ante el aislamiento social al que son sometidos por sus vecinos, agregan los escritos. Por todo ello, los magistrados se oponen a la petición de las defensas de que las actuaciones se remitan al Juzgado de Pamplona que investigó en inicio los hechos.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela concluyó el sumario contra los nueve identificados el pasado 2 de febrero. Siete de ellos fueron enviados a prisión el pasado mes de noviembre y posteriormente la magistrada decretó la excarcelación de cuatro ellos. Otros dos permanecían ya libres con la obligación de comparecer dos veces por semana.
Las defensas de los 9 recurrieron la decisión de la juez de procesarle unos días después de los arrestos por lo que la Sala tiene aún pendiente pronunciarse sobre el resto de acusados. En aquel auto la juez argumenta que no cabía demorar la decisión de procesarles ya que hay "motivos bastantes para afirmar con fundamento" que cometieron el delito.