La historia se repite con la imputada Carme Forcadell y los máximos representantes parlamentarios del separatismo catalán. Como ya ocurriera por otro desafío a finales de 2016, el Tribunal Constitucional ha autorizado a la Fiscalía para que abra una nueva vía penal contra la presidenta de la Cámara regional y cuatro miembros de la Mesa: Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet de Juntos por el Sí y Joan Josep Nuet, de Cataluña sí se Puede, marca de Podemos. Los tres primeros con votos a favor y el cuarto con una abstención permitieron el debate sobre resoluciones para activar el proceso de ruptura con España, prohibido previamente por el Constitucional.
El mencionado veto, que se produjo automáticamente con la admisión a trámite de un recurso presentado por el Gobierno fue notificado de forma personal el pasado 20 de diciembre a Forcadell y a los miembros de la Mesa. Los magistrados resuelven este martes el fondo de la cuestión, anulando los apartados para la organización de un "Referéndum" y "Proceso Constituyente" incluidos en el Título I de la resolución parlamentaria sobre "El futuro político de Cataluña". Además de a los interesados, el Tribunal apercibe una vez más al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los demás miembros de su Consejo de Gobierno.
Los magistrados actúan contra Forcadell y sus secuaces por "abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" y desatender su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados de dicha Resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado".
La imputación de Forcadell
Ahora corresponde al Ministerio Público determinar si los imputa. Carme Forcadell ya se encuentra investigada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación. En aquel caso particular, la presidenta del Parlamento autonómico permitió el debate sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, la llamada hoja de ruta para la ruptura con España. Lo hizo pese a que existía otra advertencia expresa donde los magistrados le recordaban su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" separatista emanada del Parlamento de Cataluña que preside. El Ministerio Público habló de acuerdos "claramente contrarios al ordenamiento jurídico" con "total desprecio a la Constitución".
En su recurso contra la imputación, Forcadell optó por referencias a la restricción del "derecho de representación política y de libre expresión de ideas". Según la militante de ERC, la Fiscalía tergiversa. Porque se ha inventado "una realidad que permita articular una querella que no tendría futuro si se respetara lo que realmente sucedió". Y no solo el Ministerio Público, también el Constitucional y el TSJC porque la admisión a trámite de la querella supone "un punto de inflexión en la voluntad de control de un poder del Estado". Los argumentos esperados desde que Carme Forcadell expresó su nulo arrepentimiento: "Hice lo que tocaba y lo volvería a hacer sin ningún tipo de duda".
Declaración en el TSJC
Carme Forcadell declaró el pasado 16 de diciembre en un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rodeado por separatistas. En medio de un auténtico acoso separatista al tribunal, la representante separatista se presentó como víctima y aseguró que se toma las muestras de apoyo "como una defensa explícita y clara del Parlament. Lo que está en juego es la democracia, no el futuro político de una persona u otra".
En su opinión, "lo que ha pasado hoy es inconcebible en un estado democrático. En ningún país se puede perseguir por la vía penal el debate de las ideas. Actúe correctamente y eso es lo que he hecho hoy. He explicado de cabo a rabo todas mis actuaciones y he dejado una cosa muy clara: ningún tribunal puede impedir que en el parlamento de Cataluña se hable de independencia". Forcadell culminó su discurso con un mensaje: "El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que no se puede dialogar, la democracia habrá perdido".