Francesc Homs fue el testigo estrella de las defensas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en la tercera sesión del juicio por el referéndum del 9-N. La permisividad del presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que se celebra la vista, Jesús Barrientos, contribuyó a que Homs se encontrara incluso más cómodo que en las ruedas de prensa que convocaba como portavoz del Gobierno autonómico de Artur Mas.
A preguntas de la defensa, Homs se atribuyó la condición de gran jurista y aleccionó a los letrados sobre las formalidades y procedimientos tanto en la administración judicial como en la pública. Se dirigía al abogado Xavier Melero, el de Artur Mas. Los testigos técnicos habían sido reconvenidos en tono desabrido por el juez para que miraran al tribunal y no a quien les hacía la pregunta. En cambio Homs, ni ninguno de los políticos y juristas propuestos por la defensa, sufrió ese trato.
Permitió también Barrientos que se extendiera Homs en consideraciones ajenas al contenido de las preguntas. Es decir, que pudo soltar el mitin sin interrupciones y asistido por una abogada habida cuenta de su condición de encausado por el mismo asunto en el Tribunal Supremo (TS). El celo de la letrada llegó a vetar dos preguntas de la defensa de Mas ante la posibilidad de que perjudicaran su argumentario para la vista del TS.
"¡Quina llàstima!"
Una vez quedó satisfecho Homs, en todo momento relajado y sonriente, y la defensa ya no tuvo más preguntas le tocó el turno al fiscal Emilio Sánchez Ulled, que intentó explicar al juez Barrientos que renunciaba a interrogar al testigo para no lesionar su derecho a la defensa. Se advertía una absoluta ironía por parte del fiscal, que cuando se disponía a añadir algo fue abruptamente interrumpido y abroncado por Barrientos. "Si no tiene intención de interrogar el testigo no es necesario que explique las razones", le espetó al fiscal. Visto que no sería preguntado por el fiscal, Homs, dirigiéndose a Sánchez Ulled, exclamó: "¡Quina llàstima!".
El trato del juez a los políticos
Barrientos ni se inmutó ante la provocación al fiscal y la falta de respeto al tribunal al permitirse un testigo hacer comentarios sobre las circunstancias del juicio y quedarse con la última palabra. No fue amonestado por el juez. Xavier Trias, Joan Rigol y Miquel Buch también fueron tratados con toda delicadeza por el presidente de la sala, que no se mostró tan magnánimo en cambio con las deposiciones de los juristas de confianzade la Generalidad, a quienes marcó el límite de que habían sido llamados a declarar como testigos, no como expertos. Cabe constar también que Barrientos ninguneó un tanto a Nuria de Gispert, expresidenta del parlamento catalán, cuando le preguntó si su apellido era Gispert o Gisbert. Tampoco le dejó usar las notas que se traía de casa.
Poco después de la declaración de Francesc Homs en el TSJC, el Supremo comunicaba que su juicio ya tenía fecha, el 27 de febrero. Ahí también estará Mas, pero como Homs en esta ocasión, sólo como testigo y a propuesta de la defensa.
Bronca fuera de la sala
No contento con haber retado al fiscal en la sala, el diputado convergente lo abordó fuera de la sala donde se lleva a cabo la vista e insistió: "Es una lástima que no me hayas preguntado porque te habría podido contestar". Ya sin Barrientos como censor del fiscal y protector de Homs, Sánchez Ulled le replicó en tono irónico que podía instar su ascenso a la fiscalía del Tribunal Supremo para poder preguntarle en el juicio previsto para el 27 de febrero. Y añadió: "igual que la Generalidad ascendió a muchos de los cargos que participaron en el 9-N". A preguntas de los periodistas, Homs volvió a atacar a Sánchez Ulled, del que dijo que "a lo mejor le ha faltado coraje y valentía" por renunciar a su turno en la comparecencia judicial.
Homs se ha atribuido en la vista la dirección jurídica de la Generalidad y ha afirmado que le dijo a Mas que no había nada ilegal en las actuaciones de la administración autonómica sobre el 9-N. La letrada del dirigente de Convergencia, ahora PDEcat, se negó a que su cliente respondiera a las preguntas de la defensa sobre una carta del entonces consejero de Presidencia en la afirmaba que los contratos con los suministradores informáticos no quedaban afectados y podían seguir adelante.