La segunda sesión del juicio del 9-N empieza a arrojar algo de luz sobre el peculiar sentido del voluntariado implantado en la Generalidad de Cataluña, las maniobras para llevar a cabo el referéndum sin que hubiera consecuencias legales, la negativa de los altos cargos a dar órdenes por escrito para cubrirse las espaldas y las presiones a los directores de instituto para que facilitaran las llaves de sus centros sin recibo ni garantías jurídicas.
El primer testigo de la Fiscalía, el inspector de Educación Josep Alsina, ha desmontado con su testimonio las coartadas expuestas ayer por los abogados de Mas, Ortega y Rigau sobre el carácter espontáneo y a cargo de voluntarios del referéndum. Pretenden demostrar que la Generalidad no tuvo nada que ver, que los preparativos, la cesión de los institutos de secundaria como sedes electorales y las tareas de organización fueron cosa de voluntarios ajenos a la administración.
Alsina, sin embargo, ha advertido de la implicación de la directora de los servicios territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat Llobet, así como de otros altos funcionarios del departamento que entonces dirigía Irene Rigau, en la comunicación de instrucciones precisas, aunque nunca por escrito, sobre la obligatoriedad de prestar las instalaciones para el referéndum y la conveniencia de prestar toda la colaboración posible para el éxito del referéndum.
Mal tono de la defensa
A preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el inspector de Educación desgranó al detalle las presiones, igual que Jesús Rull, otro inspector del departamento, en su caso jubilado. Los letrados de las defensas intentaron desacreditar ambos testimonios. Destacó el mal tono de Rafael Entrena con los testigos ajenos y el "interrogatorio" de Jordi Pina, centrado en convencer al tribunal de que Alsina se excedió en sus funciones de exigir las órdenes por escrito y que trasladó parte al Ministerio de Educación.
El cumplimiento de sus obligaciones lo habría convertido a ojos de la defensa en un chivato y un aguafiestas en medio de una celebración general del voluntariado en la que los directores de los institutos no tenían ningún problema en ceder las instalaciones a pesar de la requisitoria del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre que prohibía la votación, fuera referéndum, proceso participativo, consulta o encuesta.
En tercer lugar compareció la responsable comarcal de Educación de la Generalidad en Barcelona, Montserrat Llobet, que negó haber dado instrucciones. Dijo que se limitó a informar a los directores. Antes del primer receso dio tiempo a que testificara la directora del Instituto Pompeu Fabra, que negó las presiones pero admitió que pidió un recibo para dar las llaves que le fue entregado al secretario del centro. El papel lleva membrete de la Generalidad, pero no está firmado. Según esa docente, el encargado de recoger las llaves y sellar el documento fue un alto cargo del departamento, el responsable de la selección de personal para los centros de secundaria de Badalona. Supuso que actuaba en calidad de voluntario.
Agenjo implica a un alto cargo
El testimonio más demoledor sobre la implicación del funcionariado educativo de la Generalidad en la organización del proceso fue el de la exdirectora del institut de L'Hospitalet Pedraforca, Dolores Agenjo, la única responsable de instituto que se negó a entregar las llaves para la celebración del referéndum.
Agenjo explicó que la directora de los servicios territoriales de Enseñanza en las comarcas de Barcelona, Montserrat Llobet, fue quien convocó a los directores a su cargo a una reunión urgente el 16 de octubre de 2014, cuando ya constaba la suspensión del decreto de convocatoria del referéndum y la Generalidad organizaba un "proceso participativo" alternativo.
Reunión para buscar voluntarios
"En esa reunión nos dijo que todos los centros a nuestro cargo iban a ser sede del 9-N y que teníamos que buscar tres voluntarios para hacerse cargo del operativo", declaró. La propia Agenjo preguntó si lo de buscar voluntarios era "obligatorio" y Llobet respondió que "no, que era voluntario, pero conveniente". Lo que dejó muy claro es que la entrega de las llaves sí era obligatoria y añadió Llobet: "Como veo que esto os angustia ya veré si os puedo dar un recibo o justificante".
Según declaró Agenjo, primero recibió una llamada de un funcionario de Enseñanza y después varias de la propia directora de los servicios territoriales, la antedicha Monserrat Llobet, para que entregara las llaves y permitiera la celebración del referéndum. Incluso se presentó un transportista (que no era un voluntario, preciso Agenjo) con las urnas y las papeletas el viernes previo al referéndum. La entonces directora del Instituto Pedraforca se negó a que el material entrara en el centro. La presión seguía y Agenjo se puso en contacto con la Alta Inspección del Ministerio de Educación para comentar el caso. Llobet llegó a prometer una orden por escrito a Agenjo quien comunicó que le entregaría las llaves pero advertiría a la Alta Inspección: "Ella replicó que yo era empleada de la Generalidad a lo que contesté que no, que era de funcionaria del Estado". Esa fue la última conversación. Agenjo, que había pedido la jubilación unos días antes, el 11 de octubre, no abrió las puertas de su instituto para la celebración del 9-N.