La Policía Nacional ya tiene Director Adjunto Operativo (DAO). El comisario principal Florentino Villabona Madera ha tomado posesión este martes del máximo cargo que puede aspirar un policía en su trayectoria profesional y solo por debajo en el organigrama del director general del cuerpo, puesto de designación política.
El hasta ahora comisario general de Seguridad Ciudadana llega para acabar con la interinidad que había en el cargo desde el pasado mes de junio, cuando se jubiló Eugenio Pino en plena guerra de comisarios en el seno de la institución, protagonizada principalmente por José Villarejo y Marcelino Martín-Blas (que siempre ha actuado bajo supervisión judicial).
Pese a esto su mandato tiene fecha de caducidad, ya que la ley marca la jubilación obligatoria el mismo día que se cumplen los 65 años, algo que el comisario Villabona hará el próximo mes de noviembre, solo nueve meses después de esta toma de posesión. Ocupará el cargo pocos meses más que el interino Antonio Rodríguez, que lo ha ocupado siete meses.
En su toma de posesión ha llamado a "recuperar la confianza de las instituciones y del poder judicial", algo que parece que se tambalea en los últimos meses debido a los escándalos y filtraciones que se han producido fruto de la desagradable guerra interna en la que algunos comisarios quieren sumir al Cuerpo Nacional de Policía.
Apartado de cualquier sórdida disputa conocida dentro del organigrama policial, esos escándalos internos protagonizados por las denominadas cloacas policiales, el nuevo DAO ha tenido una activa trayectoria en la lucha contra el terrorismo (ETA y GRAPO) y el crimen organizado. Su única mancha sería su cuestionada –por los sindicatos policiales– dirección del dispositivo del 22-M de 2014, en el que resultaron heridos un importante número de agentes.
También tiene otro pequeño problema a cuestas. La Unión Federal de la Policía (UFP) y Alternativa Sindical de Policía (ASP), dos de los sindicatos policiales con representación en el Consejo de la Policía, le denunciaron hace unos meses por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por la no aplicación en algunas instalaciones policiales de la circular que desarrolla la jornada laboral de los agentes, que es de obligado cumplimiento para todos los miembros del cuerpo.