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La negociación discreta de Rajoy y Fernández sigue dando sus frutos: principio de acuerdo sobre el TC

El PP renuncia al magistrado Ollero, que fue parlamentario popular. Ciudadanos no participa en el reparto y pide cambios en la fórmula de elección. 

El PP renuncia al magistrado Ollero, que fue parlamentario popular. Ciudadanos no participa en el reparto y pide cambios en la fórmula de elección. 

La negociación discreta protagonizada por Mariano Rajoy y Javier Fernández sigue dando sus frutos. El PP y el PSOE han llegado a un principio de acuerdo para renovar durante el próximo mes de febrero a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo nombramiento corresponde al Senado, según confirmaron fuentes parlamentarias y adelantó La SER. "No sé si le hago un favor, a lo mejor no, pero no pasa nada. Tengo muy buena opinión del señor Fernández. Me parece un hombre sensato y razonable que ha logrado tranquilizar las coas y está ayudando a que esto esté un poco mejor. Sin ánimo de fastidiar", declaró el presidente este mismo lunes.

Rajoy y Fernández están dejando a sus equipos el papeleo y la discusión y luego ellos toman la última palabra. En concreto, son Rafael Catalá y Antonio Hernando los que están llevando "mano a mano" la negociación, según fuentes socialistas y, de momento, la fórmula está resultando, al menos a ojos de la Moncloa. Las citadas fuentes aseguran que el acuerdo "está prácticamente cerrado" pero que se están guardando las formas ya que no debe anunciarse hasta el 10 de febrero.

El asunto acordado no es baladí y ya provocó tensiones en un pasado no tan lejano: la renovación de cuatro miembros del Constitucional afecta a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos; a la vicepresidenta del alto tribunal, Adela Asúa; al magistrado Ricardo Enríquez; y hay un cuarto puesto correspondiente a la vacante que dejó el fallecido Luis Ignacio Ortega.

Según Ferraz, una renovación en forma de división matemática como en los mejores años del bipartidismo: 2 para el PP; 2 para el PSOE. El único nombre cerrado da cabida incluso para las cuotas: la de la andaluza Susana Díaz, quien propone a la experta en igualdad María Luisa Balaguer. Se había apuntado también a Cándido Conde-Pumpido, ex Fiscal General del Estado con el PSOE y al que se opone el PP, pero los socialistas estarían reconsiderando su segunda propuesta en favor de otra mujer, ya que serían solo 2 en un órgano de 12 miembros muy alejado de la paridad socialista.

Además, el PSOE ha conseguido retirar al candidato popular, Andrés Ollero, de perfil conservador, ex diputado del PP y miembro del Opus Dei, para la presidencia del TC. "Hoy no hay alternativa a la negociación y al pacto, y eso significa hacer concesiones para alcanzar acuerdos", en palabras del propio Rajoy. Razón de más para la retirada de Pumpido en aras del consenso, como siempre, del tradicional bipartidismo. En Moncloa no descartaron que el PNV, clave en la posible aprobación de los Presupuestos, pudiera verse beneficiado del reparto acordado con los socialistas.

Mientras, Ciudadanos optó por quedar al margen del pacto por no compartir la fórmula del reparto de cargos del Alto Tribunal. Fuentes de su dirección pidieron que la elección de magistrados se ciña a "criterios de mérito y capacidad", tal y como figura en el programa electoral del partido naranja. "No entramos en esa negociación. Creemos que hay que cambiar los requisitos de la elección para endurecerlos y asegurar la independencia y la excelencia de los elegidos", subrayaron. Los de Albert Rivera plantean, además, que todas las plazas del Poder Judicial y de sus cargos se haga por concurso.

¿Cómo se renueva el TC?

Según establece el artículo 159 de la Constitución, de los 12 miembros del TC cuatro serán propuestos por el Congreso y otros cuatros por el Senado, en ambos casos por una mayoría reforzada de tres quintos. El Rey también nombra a otros dos magistrados a propuesta de Gobierno y dos más a instancias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la Cámara Alta, el procedimiento previo a la elección de candidatos comienza con la recepción de propuestas por parte de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, hasta dos candidatos como máximo cada una. Los cuales tendrán que comparecer ante la Comisión de Nombramientos, a quien corresponde elevar al pleno la propuesta de los cuatro magistrados a elegir, una vez comprobado que cumplen los requisitos necesarios para ello, informa EFE.

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