Parece que hay luz al final del túnel. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y los representantes de la asociación de los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak42 se han reunido este miércoles por espacio algo superior a los noventa minutos en la sede del Ministerio, en lo que parece que puede ser el inicio del punto y final de un sufrimiento familiar que se ha prolongado durante casi 15 años.
La responsable de la cartera ha trasmitido a los familiares que asume en su totalidad el informe emitido por el Consejo de Estado el pasado mes de octubre, aunque sea no vinculante, algo que ha sido confirmado tanto por el propio Ministerio de Defensa como por la asociación de víctimas, que lo han calificado como "oro moral" y han elogiado la actitud de la ministra y su equipo durante toda la reunión.
Cospedal se ha comprometido a abrir una investigación sobre los detalles pendientes relacionados con el siniestro del avión, centrada en la búsqueda de los 43 contratos de los vuelos que se habían realizado antes del siniestro con compañías del antiguo bloque soviético, así como de la supuesta póliza que se habían firmado con una aseguradora, algo que las familias llevan reclamando desde los tiempos del trágico siniestro.
Ha trasmitido a las familias que buscará esa información "por tierra, mar y aire" y que hablará con todo aquel miembro de las Fuerzas Armadas que tuviese relación con los hechos acontecidos en aquella época, aunque eso sí, ha advertido a las familias que no puede garantizar que pueda sacar los documentos a la luz porque ya los buscaron todos los ministros de Defensa entre Federico Trillo y ella (José Bono, José Antonio Alonso, Carmen Chacón y Pedro Morenés) y ninguno los encontró.
La ministra también se ha comprometido a elaborar una resolución sobre el accidente del Yak42, en el que se incluirían todos los hechos relacionados tanto con la contratación de los vuelos, el propio accidente y todo lo relacionado con las no identificaciones de la mitad de los cuerpos. Esta resolución, según Leopoldo Gay, abogado de las familias, "si asume el informe del Consejo de Estado y reconoce que ese avión no debió volar" serviría para poner punto y final a todo el proceso.
"Nos dan igual las indemnizaciones, luchamos por el honor de nuestras familias. Federico Trillo dijo que el Yak42 era un buen avión y que los cadáveres estaban bien identificados. La reunión de hoy ha sido oro moral para las familias", ha dicho el presidente de la asociación de familiares, Miguel Ángel Sencianes. "La ministra ha actuado como ministra y no como miembro de un partido político. Es significativo y a los familiares nos vale", ha añadido Curra Ripollés, portavoz de la asociación.
El trágico suceso tuvo lugar el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el actual embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo. El avión Yakolev en el que 62 militares españoles regresaban a nuestro país tras una rotación de cuatro meses y medio en Afganistán se estrelló junto a una montaña cercana a la localidad de Trebisonda (Turquía), donde iba a realizar una parada técnica para repostar.
La polémica sobre este accidente gira en torno a dos hechos. El primero, la contratación de empresas de transporte aéreo de repúblicas exsoviéticas que no cumplían con los estándares occidentales de seguridad. La segunda, la no identificación de una treintena de los 62 cadáveres, lo que hizo que algunas familias se les entregaran para enterrar restos mortales que no pertenecían a su familiar.
Durante este espacio de tiempo ha habido cuatro juicios por esta causa. Una por lo civil, donde se condenó a las empresas exsoviéticas que realizaron el transporte, y dos por lo penal. En el primer juicio penal se condenó a tres altos cargos militares por no realizar las identificaciones de 30 cadáveres, aunque fueron indultados por el primer gobierno Rajoy. Un segundo juicio penal dijo que no había responsabilidad penal en el Ministerio por la contratación de los vuelos.
Hubo un cuarto juicio por la vía administrativa, en el que se reconoció que había responsabilidad económica subsidiaria por parte del Estado, pero no del Ministerio de Defensa en particular pese a ser el órgano de la administración que contrató los vuelos.