En plena campaña de imagen de lideresa urbi et orbe, con la calle en los talones con Spiriman de dolor de cabeza, con sus críticos socialistas reunidos hoy en Sevilla, con el PISA sin garbo en las aulas, con su amigo Carmelo Gómez a punto de ser imputado y con las demás que se quiera, Susana Díaz ha decidido convertir el caso del pucherazo parlamentario de 2015 en centro vertebral de la política andaluza.
De hecho, a pesar de que existe una sentencia firme del Tribunal Constitucional confirmando que el presidente por mayor edad de la cámara andaluza, Luis Pizarro, en el pleno de constitución de la nueva legislatura, perpetró un pucherazo quitavotos contra el PP al que correspondían dos miembros en la mesa del Parlamento y no uno, Susana Díaz se ha negado a aplicarla porque no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La cuestión puede parecer baladí o, cuando menos, una lucha de puestos y de cargos, pero en realidad lo que se juega es el control del Parlamento, cuyo actos políticos relevantes se planifican en la mesa.
Hasta ahora, y debido al pucherazo, la composición de la Mesa andaluza era: un presidente(PSOE), tres vicepresidentes (PSOE, PP, Podemos) y tres secretarias (PSOE, Ciudadanos, IU). El pucherazo consistió en arrebatar una secretaria al PP, algo que le correspondía por los votos obtenidos. En conclusión, 3 miembros del PSOE que, con el de Ciudadanos, suman 4 de 7, esto es, mayoría suficiente para mandar a su antojo en la Mesa. En caso de que fallara Ciudadanos, estaba la opción de IU.
El TC ha decidido que la composición sea ahora 3 miembros del PSOE, 2 del PP, 1 de Ciudadanos y 1 de Podemos, quedando fuera Izquierda Unida. Pero en esta nueva realidad de la Mesa, el PSOE no siempre podrá imponer sus criterios y dependerá sistemáticamente de Ciudadanos para sacar adelante sus proyectos.
De hecho, es más que probable que el decreto de la Junta de Andalucía recuperando las 35 horas para los funcionarios difícilmente habría pasado de la Mesa porque no llevaba informe jurídico y no todos los grupos estaban de acuerdo en su tramitación.
Ayer, más de una semana después de conocerse el fallo del Constitucional, el PSOE decidió acogerse al criterio que espera a la publicación en el BOE antes de aplicar la sentencia, algo que fue protestado, como era de esperar, por el PP en una sesión que subió de voltaje debido a tal circunstancia.
No es el criterio más aceptado. La Razón refresca hoy la memoria sobre el particular informando de que el artículo 164 de la Constitución señala que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE y tienen "valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación".
Pero en casos de recursos de amparo como éste la jurisprudencia constitucional avala que la notificación oficial a las partes es más que suficiente para que se proceda a su aplicación y que en modo alguno hay que esperar necesariamente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tras la bronca anunciada, el presidente del Parlamento dijo que iba a pedir informe al letrado mayor para ver cómo se concilia el cumplimiento de la sentencia y del artículo 36 del reglamento que apunta a la representatividad de todos los partidos en la Mesa.
La clave del problema está en Izquierda Unida. El pucherazo de julio de 2015 se debió al interés político socialista y de Podemos de que Izquierda Unida no estuviera fuera de la Mesa del Parlamento, algo forzoso dada la realidad de los apoyos obtenidos. Fue por ello por lo que el PSOE le arrebató un puesto al PP interpretando a su modo el Reglamento y por lo que Podemos no presentó candidatos para ocupar una de las secretarías de la Mesa, que le hubiera correspondido.
Como máximo, recuerda ABC según los precedentes, IU podría conseguir una vocalía con voz, pero sin voto, lo que no resuelve el problema del PSOE que es el control de la Mesa. El otro camino para que IU tuviera un puesto en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz es la reforma del Reglamento de la Cámara, algo muy lento y tal vez peligroso.
Y además está la cuestión del personal y el dinero. IU ha ocupado sin derecho una plaza de la secretaría de la Mesa que conlleva entre sueldo y complemento la cantidad de 4.500 euros mensuales. Pero además el puesto de Secretaria, como cualquier otro de la Mesa conlleva dos personas de confianza, un secretario y un conductor. En este caso, IU debería devolver el dinero cobrado y despedir a sus contratados.