El presidente de la Generalidad ya ha movido pieza ante la oferta de diálogo planteada por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. El 23 de diciembre ha convocado la reunión del "Pacto Nacional por el Derecho a Decidir", una plataforma en estado de hibernación desde el 6 de marzo de 2015, cuando pasado el referéndum ilegal del 9-N del año anterior, el "Pacto" abordó la teórica naturaleza plebiscitaria de las elecciones autonómicas que se celebrarían en septiembre.
A partir de esa fecha, la plataforma cesó sus actividades. Sólo ahora, cuando el Gobierno pretende negociar sobre la base de las 46 exigencias que Puigdemont trasladó a Mariano Rajoy y la CUP presiona al ejecutivo catalán para que muestre su fe en la desobediencia, ha decidido Puigdemont reactivar la vieja herramienta de la que se sirvió su antecesor, Artur Mas, para implicar a las entidades soberanistas y a una parte de la sociedad civil en su proyecto independentista.
La convocatoria se realizará un día después de que el pleno de la cámara autonómica haya despachado, en teoría, los presupuestos preparados por Oriol Junqueras con el visto bueno de la CUP, algo que dista mucho de estar claro. De hecho, la convocatoria de la "cumbre" separatista es una de las exigencias de la formación antisistema dentro de la "hoja de ruta" reformada y el banderazo de salida del último tramo del procés que debe concluir con otro "referéndum o referéndum", tal como prometió Puigdemont, en septiembre de 2017. Aún así, el grupo parlamentario que sustenta el ejecutivo catalán, Junts pel Sí, no tiene ni mucho menos garantizado el apoyo de los cuperos a los números preparados por el vicepresidente Junqueras.
Discrepancias en el 'Govern'
Tampoco la cohesión del mismo Govern está garantizada. Puigdemont y la portavoz Neus Munté lamentan que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se haya reunido primero con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y el del PSC, Miquel Iceta, que con representantes del "soberanismo". En cambio Junqueras mantiene una agenda propia con la vicepresidenta y una relación fluida más allá de los posados institucionales.
El partido del vicepresidente, ERC, se prepara además para otro escenario referéndum al margen, el que se crearía si la CUP tumba los presupuestos y Puigdemont se ve obligado a convocar elecciones. La unidad de acción de los "soberanistas" es más teórica y de cara a la galería que práctica. La reedición de un acuerdo entre republicanos y lo que queda de Convgergència para los próximos comicios está absolutamente descartada por los líderes de ERC, convencidos de que las próximas autonómicas serán el fin de CDC, ahora PDEcat, y les abrirán de par en par las puertas del gobierno en Cataluña.
Conflicto Mas-Puigdemont
Tampoco son excelentes las relaciones en el seno convergente. Carles Puigdemont está estrechamente vigilado por los hombres de Mas en la Generalidad y se ha visto obligado a renunciar a efectuar cambios y relevos en la administración autonómica. Su margen de actuación es limitado.
La descoordinación es patente, al punto de que hay voces dentro del movimiento separatista que abogan por adelantar el referéndum en el caso de que Carme Forcadell, que copresidirá con Puigdemont la prevista reunión del "Pacto por el Derecho a Decidir", resulte inhabilitada.
Convergència no cree en la oferta de diálogo del Gobierno, no está dispuesta, al menos de momento, a renunciar al referéndum y descarta negociar nada hasta que no cese la "hostilidad" judicial del Gobierno con las ilegalidades del proceso separatista. Por contra, Junqueras se muestra más receptivo (no tiene ningún cargo imputado) y en Moncloa subrayan que el asunto de la inhabilitación de Mas, Ortega, Rigau, la presidenta del parlamento, Carme Forcadell, y el portavoz de Mas en Madrid, Francesc Homs, no está entre las prioridades del dirigente republicano.