Gabriel Amat lo ha sido todo en el PP almeriense de la mano de Javier Arenas, razón que explica la presencia del exlíder popular andaluz como paracaidista político en las listas de Almería al Congreso de los Diputados. Durante mucho tiempo, la oposición socialista y comunista ha hostigado a Amat, conociendo su papel de centro de gravedad del poder en el seno del PP andaluz.
Hasta ahora, sólo Ciudadanos guarda silencio, dado que es socio de gobierno del PP en diferentes ayuntamientos de la provincia. Pero ya no hay duda de la presencia de familiares de Amat en empresas y negocios inmobiliarios, aunque, de momento, no se advierte carácter delictivo alguno en tal constancia.
Amat ha presidido la Diputación, el PP de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde hace 20 años. Su caso se ha actualizado porque hay un informe nuevo, de hace unos días, de la Udyco, de la Guardia Civil, que aporta interés al sumario abierto en 2012 en Roquetas de Mar. El PP defiende a su alto mando almeriense, que no ha sido imputado hasta el momento.
Él mismo se defendía de manera clara en Noticias de Almería: "Si no hiciera las cosas bastante bien, con el seguimiento que le llevan a Gabriel Amat todos estos años, a Gabriel Amat le habrían machacado ya, y Gabriel Amat estátranquilo".
Naturalmente, ruega que se respete la presunción de inocencia: "Estoy sometido a una persecución política desde hace años. No estoy imputado en ninguna causa y ruego que se respete la presunción de inocencia. Comprendo y comparto cualquier acto de fiscalización de la oposición, pero nunca la persecución personal hacia mi familia o hacia mí".
Tras cuatro años de instrucción destinada a saber si Gabriel Amat, como alcalde de Roquetas, ha estado beneficiando irregularmente en los últimos 15 años a sociedades mercantiles propias o de familiares que alcanzan a esposa, hijas, cuñados, primos, consuegros, concuñados y sobrinos en distintos grados, como dice El Confidencial Andaluz, los datos del informe parecen configurar una tela de araña impresionante, esta vez, de la factoría del PP andaluz.
Se trata en ella de 125 sociedades mercantiles que entrelazan a sus familiares y que la Udyco estima, un tanto extrañamente, que deben ser investigadas por la Junta de Andalucía en lo que se refiere al entramado urbanístico que manifiestan. Lo natural hubiera sido que el tiempo pasado lo hubiera empleado la propia Udyco en una investigación propia.
Es más, ya dijo en un informe anterior que esta "amplia y compleja investigación presenta una serie de elementos cuya valoración excede a la que sería una mera investigación policial, y en este caso debería estar dirigida y tutelada en todo momento por el ministerio fiscal o por un Juzgado de Instrucción".
La investigación policial tampoco ha abarcado los hilos económicos de la ya conocida como trama Amat y sus vinculaciones, algo que ya ordenó el Juzgado en Auto de 12 de julio de 2013.
En una primera valoración, la Guardia Civil informaba de la existencia de "un entramado de empresas dedicado fundamentalmente a actividades inmobiliarias (…) tiene una relación directa con Amat Ayllón, especialmente a través de vínculos familiares y de personas relacionadas con unos u otros de dichos familiares, tratándose, como puede observarse, de un círculo muy amplio que abarca 103 sociedades, no descartando la existencia de algunas otras, habiéndose determinado la relación con otras 12 en la que no constan vínculos tan estrechos y que, en conjunto, podría ampliarse a relacionar todas con otras 300 o más empresas, si tenemos en cuenta vínculos comerciales".
El caso se complicó cuando la propia Udyco en su informe destacaba que "probablemente exista o haya existido trato de favor, uso de información privilegiada etc." (de Amat a sus parientes). Aun así, afirmaron no disponer de "indicios claros y concretos que permitan, en primer lugar, realizar investigaciones a fondo y, posteriormente, elevar las mismas a las autoridades judiciales o fiscales competentes" que es lo que les ordenó la juez de Roquetas en julio de 2013.
Pero en este nuevo y reciente informe se hace referencia a un total de 22 nuevas mercantiles que se suman a las 103 que ya se investigaban desde el inicio. O sea, ya un total de nada menos que 125 empresas relacionadas con Gabriel Amat.
Según la Udyco, hay un total de 47 sociedades "mercantiles en las que aparece vinculado el propio alcalde o personas de su entorno familiar". Y se añade: "Como puede apreciarse, la mayor parte de las relaciones de esas mercantiles con el Ayuntamiento se circunscribe fundamentalmente a actuaciones urbanísticas, que han sido aprobadas en Plenos, Comisiones de Gobierno o de Urbanismo, en ocasiones con los votos favorables de los diferentes partidos, otras con alguna abstención o voto en contra… ignorándose por tanto si esas relaciones jurídicas se ajustan a la legalidad o no".
Por su parte, el diario El País publicó hace unos días que fueron un total de 845 licencias las otorgadas al entramado familiar de Amat. Por ejemplo, Francisco Javier Amat, (Francis), sobrino del alcalde de Roquetas, es el familiar más beneficiado por haber obtenido licencias para ejecutar 465 viviendas desde sus empresas.
La Udyco señala otro gran beneficiado por las decisiones administrativas urbanísticas del Ayuntamiento roquetero: el cuñado de Amat, Miguel Pintor Moreno, que logró licencias para un total de 239 viviendas en mercantiles en las que aparece un primo de Gabriel, Andrés López Amat.
José Ángel Amat Vargas, otro sobrino del alcalde, también recibió licencias entre 2004 y 2006 para 141 viviendas con garaje.
La situación es especialmente compleja para el PP andaluz por cuanto si Gabriel Amat, que tiene otro procedimiento abierto, fuese imputado, según la doctrina políticamente correcta vigente, debería dejar su cargo de alcalde y de presidente de la Diputación.