La investigación probó hechos que resultaban evidentes para el común de quienes presenciaron aquel desplante de los separatistas al mandato constitucional. Demostró que Artur Mas y sus entonces consejeras en el Gobierno catalán, Irene Rigau y Joana Ortega, diseñaron y pusieron en marcha la consulta para la ruptura con España del 9 de noviembre de 2014, conocida como el 9N, que había anulado cinco días antes el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decretó la apertura de juicio oral contra los tres procesados por la presunta comisión de dos delitos, desobediencia y prevaricación, ambos sin posibles penas de cárcel.
También quedó patente que Mas y sus ayudantes incurrieron en una serie de gastos con las empresas que desplegaron los efectos propios de un referéndum: contratos del programa informático de recuentos, la impresión de papeletas y un largo etcétera. Desde que nació este procedimiento, el Sindicato Profesional de la Policía consideró que el desvío de ese dinero supone una malversación, delito que no incluyó el Ministerio Público en su informe de acusación. Curiosamente, es la única infracción de las que se barajaban que conlleva prisión de hasta seis años.
La Fiscalía ha vuelto a rechazar de plano la solicitud del sindicato que ejerce la acusación popular. Mantendrá en su informe de forma definitiva los delitos de desobediencia y la prevaricación. Sostiene que, aunque "generó un gasto público considerable", cifrado en 1,3 millones de euros, los gastos se habían comprometido antes de la suspensión del Constitucional y "los querellados actuaron sin intención de procurarse a sí mismos o a terceros un beneficio económico indebido". Artur Mas se enfrentará a una petición de nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargo público; por los nueve años de Irene Rigau y Joana Ortega. Considera al expresidente "autor" de las infracciones y presenta a las exconsejeras como "cooperadoras necesarias".
El Tribunal Supremo conduce en paralelo la investigación a Francesc Homs, aforado nacional en calidad de diputado en el Congreso, por los mismos hechos y los mismos delitos. Los magistrados alcanzaron idéntica conclusión que el fiscal que condujo inicialmente las pesquisas: el portavoz de los separatistas de Democracia y Libertad "tuvo un comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia" para garantizar la celebración de la consulta.
Participación de Mas en el 9N
Las conclusiones de esta investigación en su vertiente del TSJC subrayan que Artur Mas, entonces presidente catalán, "conocía desde el mismo día 4 de noviembre la providencia del Tribunal Constitucional por la cual debía dejar sin efecto la convocatoria del 9N". A partir de entonces, considera el juez instructor, el líder de los separatistas debía haber detenido todos los procedimientos para dar cumplimiento a la resolución del intérprete supremo de la Carta Magna, que también suspendió los actos de preparación del 9N.
Mas manifestó ante los medios de comunicación y en su declaración judicial que el proceso no se llevaría a cabo por la Generalidad sino por medio de voluntarios, de manera que el proceso quedaba en manos de particulares. Sin embargo, explica el juez, los indicios apuntan en una dirección contraria. Al parecer, "intervinieron contratistas privados contratados por el Gobierno catalán tras el día 4 de noviembre y en especial durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, de manera que sin ellos el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo". Se refiere concretamente al suministro de los programas informáticos para permitir la votación.
Por lo tanto, resume la investigación, Artur Mas "consintió y no paralizó los diferentes procedimientos de contratación, algunos de carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuic para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la difusión de contenido de la campaña institucional en los medios de comunicación, se comprometían recursos públicos de la Administración catalana".
Joana Ortega e Irene Rigau
La vicepresidenta Joana Ortega también actuó de cara a preparar y celebrar la consulta del 9N, en coordinación con Mas. Según el instructor de la causa, la también consejera de Presidencia "contrató un suplemento del seguro de accidentes para los voluntarios, la construcción de la página web y la arquitectura informática necesaria para que la jornada del 9N fuese operativa. De hecho, el juez cree que fue Ortega quien procedió "en el Centro de prensa internacional a dar publicidad a los resultados obtenidos". Ella declaró que el proceso estaba en manos de los 42.000 voluntarios, se autogestionaba y no era posible suspender el proceso.