La investigación a Rita Barberá en el Tribunal Supremo por presunto blanqueo de capitales llevará el sello de Cándido Conde-Pumpido Tourón. Este magistrado es más que un componente del Alto Tribunal. También es el Fiscal General del Estado que más tiempo ha ostentado el cargo, entre 2004 y 2011. Fue el Fiscal General del Estado de Rodríguez Zapatero, el que dirigió el ministerio público durante la negociación del Gobierno con la banda terrorista ETA, y durante la cual pidió que las "togas" de los jueces y fiscales "no eludan el contacto con el polvo del camino".
El coruñés es uno de los fiscales considerados más polémicos y sectarios. No esconde su cercanía al PSOE. Sus cargos más importantes han ido ligados comúnmente a designaciones del Partido Socialista. Además fue portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. Cándido pertenece a una larga familia de juristas con el apellido Conde-Pumpido: su padre fue teniente fiscal del Supremo y su abuelo presidente de las Audiencias Territoriales, sustituidas por los Tribunales Superiores de Justicia, de La Coruña, Valladolid y Valencia.
Siempre ha estado cerca de los litigios con el terrorismo de ETA. Porque fue destinado entre 1981 y 1985, los años más violentos de la actividad terrorista, como magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián, antes de que le nombraran presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. Pero no fue hasta que lideró la Fiscalía en su primer mandato cuando abrió el Ministerio Público a la negociación con la banda.
La oposición y las víctimas del terrorismo clamaron por su destitución porque hizo propia la política del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que colocó el diálogo por encima de la justicia y de las familias de los asesinados y mutilados por la banda, que clamaban por la memoria, dignidad y justicia con manifestaciones que llenaron las calles de Madrid en varias ocasiones. Conde-Pumpido compareció en el Senado a petición del Partido Popular y dijo que interpretaría y aplicaría las leyes "para que no hubiera más muertos". En los enunciados posteriores, sentó un discurso que terminaría cambiando al manifestar que la única garantía de los asesinados por ETA y sus familiares "era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho".
Pero, inmediatamente después, añadió una cita para guardar entre su repertorio: "El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino". Es decir, que aunque el Ministerio Público debe ser imparcial en la aplicación del Derecho, lo pensaba acomodar al "camino", a la negociación de Zapatero con los asesinos.
Escudo de Arnaldo Otegi
El entonces senador del PP, Agustín Conde, acusó al fiscal general de ser "el abogado defensor del presidente del Gobierno" y le reprochó, por ejemplo, la rebaja de la petición de pena al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y haber alcanzado un acuerdo de conformidad con siete acusados de violencia callejera. Conde atribuyó a la "deficiente instrucción" del juez Baltasar Garzón la libertad de los dos acusados de la muerte de Giménez Abad.
Cándido Conde-Pumpido se alineó en la equidistancia con otra de sus afirmaciones: "La Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos". El secretario general del PP, Ángel Acebes, manifestó que el Gobierno socialista con la intervención de la Fiscalía estaba "dispuesto a negociar el modelo de Estado y el futuro de todos y cada uno de los españoles con ETA-Batasuna, al margen de las instituciones democráticas y a rebufo de la banda terrorista".
Pero, sin duda, el episodio más escandaloso lo reveló Pedro Cerracín. El abogado de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo explicó que, tras la declaración de Arnaldo Otegi ante el juez, el fiscal pidió prisión incondicional para él y en ese momento el entonces portavoz de Batasuna ETA mostró su "sorpresa" e "indignación" por la petición. Estaban presentes en ese momento el magistrado Manuel Grande-Marlasca, el fiscal del caso y la abogada Jone Goirizelaia.
Según parece, en un tono muy educado, el batasuno interrumpió al fiscal de la Audiencia Nacional cuando éste solicitaba la prisión incondicional. En la versión de Pedro Cerracín, Otegi dijo que si Cándido Conde-Pumpido estaba al tanto "me parece verdaderamente increíble que estén pidiendo mi prisión ahora que estamos ofreciendo soluciones". Y no queda aquí el abanico de evidencias sobre una negociación. Goirizelaia, defensora de Otegi, interpretó como "curioso" que se decretara prisión para su cliente cuando el propio Ibarretxe le ha llamado a su ronda de consultas tras ser elegido lehendakari y hasta Zapatero se refiere a él en público como interlocutor.
Investigación contra su hijo
Según publicó en febrero el diario ABC, su hijo, el abogado Cándido Conde-Pumpido Valera, blanqueó más de un millón de euros de un grupo criminal dedicado a la prostitución que fue desarticulado en verano de 2015. De la investigación se desprendería que el letrado habría puesto a disposición del grupo de delincuentes una sociedad propia, Gestión de Proyectos Integral Gimonde, a una de cuyas cuentas entraban directamente los pagos realizados en clubes donde se abonaba el importe con tarjetas de crédito. Al parecer, se quedó con una comisión de 125.715 euros, un 12% del total de lo recaudado durante los meses de julio y agosto de 2015, hasta que a finales de este mes el BBVA bloqueó la cuenta bancaria en cuestión ante las sospechas que generaban sus abultados ingresos.