Punto y final después de 61 sesiones repartidas en 164 días de seis meses; del 11 de enero a este 22 de junio de 2016. El juicio del caso Nóos queda visto para sentencia sin que ninguno de los 17 acusados haya ejercitado su turno voluntario de última palabra. "Nada que decir" y "nada que añadir" han musitado la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, respectivamente, este último instantes antes de tropezar con la silla del interrogado que a tantos traspiés le ha abocado en los últimos años.
Ahora resta la espera, veremos cuántos meses de elaboración de una sentencia que resolverá sobre el futuro de empresarios de éxito, figuras de la política, cargos institucionales y hasta un pedazo de la Casa Real. Los más comprometidos son Urdangarin, que se enfrenta a 19 años y medio de prisión, y su exsocio Diego Torres, para quien la Fiscalía pide 16 años y medio de cárcel. Anticorrupción y el resto de acusaciones les sitúan en la cúspide del Instituto Nóos, el supuesto epicentro de una trama de desvío de fondos públicos que se habría adjudicado de forma ilegal contratos por valor de 6.2 millones de euros del Gobierno de Baleares, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid.
El papel de esposa ignorante
Probablemente uno de los días más importantes de Cristina de Borbón fue el 4 de octubre de 1997, el día en que contrajo matrimonio con el jugador de balonmano olímpico Iñaki Urdangarin. Quizás también lo sea en cuanto a relevancia este 22 de junio de 2016, desde el momento en que su equipo jurídico ha expuesto el informe final ante el Tribunal que decidirá si la pareja pasa los próximos años en libertad o bajo régimen penitenciario. Curiosamente, en los dos episodios recordará la presencia de Lorenzo Caprile, uno de los más afamados diseñadores de alta costura que hace casi dos décadas confeccionó su vestido de novia y hoy ha arropado a su cliente, aunque lucía un atuendo más oscuro.
Doña Cristina ha entregado a su futuro a Pau Molins. Es un abogado catalán, director del despacho Molins & Silva, que ha conformado junto con su socio Jesús María Silva y el polémico padre de la Constitución, Miquel Roca, el equipo jurídico de la infanta en el caso Nóos. El letrado en cuestión ha hecho los deberes. De acuerdo con lo previsto, ha desvinculado a su patrocinada de la gestión de la empresa matrimonial Aizoon, donde supuestamente se defraudaron más de 300.000 euros a Hacienda en 2007 y 2008. También ha arremetido contra Manos Limpias que reclama en solitario ocho años de prisión para la hermana del Rey por cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
"Desde el día de su constitución, el único administrador de Aizoon fue Iñaki Urdangarin, estando completamente al margen de la gestión cotidiana su esposa doña Cristina". Molins se ha esforzado por delimitar el objeto social de la sociedad coparticipada por los exduques de Palma y por limitar la intervención de su cliente en la misma. Según su informe, la empresa prestaba servicios de consultoría y a la vez se dedicaba a la compraventa de inmuebles, no se constituyó únicamente para canalizar los ingresos del marido ni como empresa pantalla del Instituto Nóos, tal y como sostienen las acusaciones.
La infanta "firmaba sin pedir explicaciones" de forma ocasional, ha manifestado el abogado en relación a los documentos de Aizoon y Nóos en los que figura la rúbrica de doña Cristina. Sin embargo, ha puesto de relieve que su patrocinada no tuvo conocimiento de la fiscalidad de las sociedades ni consciencia de que se podría incurrir en tipos delictivos, por lo que, a su juicio, su conducta no encaja tampoco en la cooperación necesaria. Para respaldar su tesis, ha echado mano del testimonio de cuantos han declarado en el juicio y todos los informes periciales: ninguno inculpa a la hermana del Rey.
Restablecer el honor de la infanta
Pau Molins ha consumido esta baza desplegando su fuerza procesal contra Manos Limpias. Según el abogado, la infanta Cristina no contestó a las preguntas de la acusación popular "para no darle el espectáculo mediático que ha buscado el autodenominado sindicato". En este contexto, ha dibujado lo que considera contradicciones. Por ejemplo, que la abogada Virginia López-Negrete haya aplicado atenuantes de confesión veraz a los hermanos Tejeiro, que desvincularon del ilícito a la doña Cristina, pero que mantenga su acusación contra ella. Antes de pronunciar un agresivo alegato, ha calificado el informe final de Manos Limpias como un escrito de en defensa propia, preparando su comparecencia en la Audiencia Nacional por las supuestas extorsiones.
A renglón seguido, el discurso, en el que no solo ha pedido la absolución de la infanta y la condena en costas a Manos Limpias: "En este caso, me veo obligado a pedirle algo más a esta ilustrísima Sala. Que con la merecida absolución de doña Cristina de Borbón, restablezca por fin la Justicia para que nadie pueda dudar en el futuro de su inocencia; y de paso impida con ello que una organización presuntamente irregular, vamos a dejarlo así, consiga alcanzar la culminación de sus indecentes propósitos", ha comenzado Molins.
"Precisamente por ello, solicito ahora que se dicte una sentencia absolutoria y se transmita a la sociedad un mensaje contundente: primero, que el derecho todavía no ha muerto, que se puede seguir confiando en la independencia de la Justicia y, sobre todo, que ésta se aplica en condiciones de igualdad para todos. Sin favorecer, pero tampoco sin perjudicar a nadie por razón de su linaje, de su estatus social o de lo que se diga en juicios paralelos".
Y, como ha sido habitual a lo largo y ancho del procedimiento, ha culminado su intervención con una cita. En este particular, del "maestro Cicerón, cuando afirmó que la Justicia no debe aspirar a ningún premio, se la imparte por ella misma; y de igual modo sucede con todas las virtudes", ha concluido el abogado de la infanta Cristina.
El delito de llamarse Urdangarin
Hubo vida en este juicio –y en esta sesión en concreto– más allá de la infanta Cristina. La jornada de este miércoles ha arrancado con la exposición de los informes final por parte de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, y Salvador Trinxet, exasesor fiscal del Instituto Nóos.
El abogado de Grau ha recuperado las para él valoradas palabras del fiscal Pedro Horrach, que consideró que a la infanta se la criminalizaba por su condición de hija y hermana de rey. En este caso, ha extendido el planteamiento a su marido: "¿Por qué es un crimen llamarse Iñaki Urdangarin y estar casado con una Infanta de España?", se ha preguntado Jesús Bonet. Su informe se ha dirigido a demostrar que el exduque de Palma poseía capacidad para desarrollar eventos en Valencia y que su contratación fue correcta.
Hacía referencia a los certámenes Valencia Summit de 2004 a 2007, por los que Nóos percibió 3,1 millones de euros, de los cuales 2,1 fueron supuestamente malversados, y por los fallidos Juegos Europeos de Valencia. Bonet ha sostenido que "la acusación ha sido construida sobre la falta de la verdad". De hecho, su patrocinado, Alfonso Grau, se sentó en el banquillo por un cambio de criterio de la Sala con respecto al juez de instrucción José Castro.
Por su parte, la defensa de Salvador Trinxet, el asesor fiscal que habría ayudado a urdir una estructura fiduciaria para desviar al extranjero los ingresos obtenidos de forma irregular de las Administraciones públicas por el Instituto Nóos, ha subrayado durante la exposición de su informe que "ni un testigo, ni un documento le han incriminado" y "eso tiene mérito porque se han analizado cientos". Ha alegado que la creación de empresas no es un delito per se, que depende de cómo se utilicen.