Los datos estadísticos sitúan a España como uno de los países más seguros de la Unión Europea, lo que lleva aparejado de la mano ser, sin duda, uno de los más seguridad del mundo. Pese a esto, siempre es necesario seguir mejorando en muchas parcelas relativas a la seguridad, dotar de mayores medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o estar preparados para combatir la amenaza terrorista, que ahora mismo se centra principalmente en el yihadismo.
Como hicieron hace seis meses antes las elecciones generales del 20-D, los partidos políticos tienen un hueco en sus programas electorales -algunas más y otros francamente menos- para temas como la seguridad, el terrorismo o cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional. Libertad Digital analiza qué medidas o propuestas se recoge en los programas de los cuatro principales partidos o coaliciones electorales.
Partido Popular
El partido de Mariano Rajoy muestra en su programa su "firme compromiso" en la lucha contra "el terrorismo y quienes les apoyan" y su apoyo a las víctimas del terrorismo. Por ello, propone impulsar "un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de los Servicios de Información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, priorizando el desarrollo del I+D en nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el terrorismo".
Impulsarán "el pleno desarrollo de la estrategia de prevención de la radicalización, trabajando tanto a nivel nacional como internacional, en los diferentes ámbitos priorizando el área formativa-educativa y la sensibilización social, así como en el sistema penitenciario". Estos dos planes han sido puestos en marcha durante esta última legislatura por el Ministerio del Interior.
Aumentar la presencia policial en las calles será otra de las misiones del PP, para ello, dicen que sacarán a la calle a 3.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actualmente realizan labores burocráticas, aunque no dicen quién realizara esas labores una vez estos agentes estén en la calle. A la vez, aumentarán las campañas dirigidas a los ciudadanos para concienciarles de la importancia de la seguridad.
Los populares quieren llevar a cabo un plan de modernización de las instalaciones de la Policía y la Guardia Civil; acercar la figura de los agentes de ambos cuerpos a las personas mayores; y elaborar un plan específico de ciberseguridad, orientado especialmente a los más vulnerables en el ámbito digital, como los menores (frente a las prácticas de ciberacoso). Para ello, dicen que dotarán de más medios a los policías y guardias civiles dedicados a estos menesteres.
Apuestan por potenciar las unidades policiales destinadas a la delincuencia organizada; regular procesalmente la figura del confidente policial; ampliar el sistema de presentación de denuncias por internet en la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como maximizar los canales de atención ciudadana por vía telemática; y se creará en ambos cuerpos una oficina especial dedicada a investigar los homicidios y asesinatos por resolver.
Quieren crear una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, a partir del protocolo para las Fuerzas de Seguridad aprobado en esta legislatura, a la vez que diseñarán y aprobarán un Plan Integral contra los Delitos de Odio. En lo que a violencia de género se refiere, dicen que potenciarán la coordinación de todos los actores implicados en luchar contra esta lacra.
Partido Socialista
Los socialistas dedican varias páginas de su programa electoral a la seguridad, el terrorismo, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin cambios de relevancia respecto a las propuestas que presentaron en este mismo documento para las elecciones del pasado 20-D, proponen "reorientar la estrategia contra el terrorismo" para hacer frente "al terrorismo internacional y a las formas más violentas".
Para ello, quieren restablecer el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), unificándolo con el Plan de Protección y Prevención antiterrorista; aumentar los efectivos destinados a la lucha contra yihadismo; y "restablecer instrumentos jurídicos, policiales, educativos y sociales capaces de prevenir la actuación delictiva y combatirla con eficacia para proteger a la ciudadanía y preservar la tranquilidad social".
Abogan por derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que se han referido en múltiples ocasiones con el apelativo de Ley Mordaza, porque consideran que en sus actuales términos no facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión. Y también la Ley de Seguridad Privada, para garantizar que los vigilantes "sólo prestarán servicios complementarios y subordinados" a los de las Fuerzas de Seguridad.
El partido de Pedro Sánchez quiere colocar cámaras de grabación en todos los calabozos de España "para garantizar la seguridad de los detenidos y los policías". Unas imágenes que quedarán archivadas, aunque no comentan durante cuánto tiempo. Otro objetivo es modificar y modernizar la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Respecto a los cuerpos de seguridad, apuestan por recuperar la figura del Mando Único que ya introdujo José Luis Rodríguez Zapatero en el Ministerio del Interior durante los siete años que presidió el Gobierno (2004-2011), para que un único director general esté al frente tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, porque consideran que esto facilita la coordinación entre los dos cuerpos.
Abogan asimismo por reformar las leyes de personal de Guardia Civil y Policía para "establecer claramente los derechos y obligaciones de sus miembros", además de ampliar las plantillas de ambos cuerpos según se vaya pudiendo: "Reponer de forma proporcional y gradual las vacantes en las dotaciones de ambos cuerpos", dice exactamente su programa.
Proponen implantar "un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos" para todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad, con el objetivo de que "realicen su trabajo con eficacia y seguridad jurídica"; a la vez que quieren dotar de "más personal y más recursos técnicos y materiales" a las unidades que investigan los delitos económicos y fiscales.
El PSOE habla de poner en marcha un programa de I+D, con la colaboración de universidades y otros organismos públicos, para la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y equipamientos profesionales, "que permitan una mejor investigación de los delitos y un mayor esclarecimiento de éstos tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil", además de la progresiva descentralización de las unidades de investigación creando para ello unidades territoriales de ambos cuerpos.
Por último, quiere mejorar la coordinación estatal convocando al menos dos veces al año las Juntas de Seguridad de las regiones con policía autonómica propia (País Vasco, Navarra y Cataluña); y elaborar un protocolo claro y jurídicamente seguro para que sea seguido por los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajan en la vigilancia de fronteras, en clara alusión a las vallas de Ceuta y Melilla.
Ciudadanos
El partido de Albert Rivera tiene varios puntos en su programa dedicados a estos temas. Considera que el terrorismo "es una amenaza sin fronteras que los demócratas sólo podemos vencer si trabajamos juntos", ante lo que propone trasladar al ámbito supranacional el Pacto contra el Yihadismo firmado por los principales partidos españoles (a excepción de Podemos): "Contribuiremos a un pacto anti-yihadista europeo integrando la acción europea a los pacto anti-terrorista" nacionales.
Añaden que pretenden afrontar con determinación la amenaza yihadista implementando un "Plan Estratégico Nacional de lucha contra la radicalización violenta", ampliado con la "cooperación policial y judicial", además de tratar de buscar "una respuesta común" a este tema en el seno de la UE. En esta línea, consideran clave los actuales acuerdos bilaterales de cooperación policial firmado con Francia y Estados Unidos.
Respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quiere impulsar la "racionalización de los recursos" que reciben actualmente Guardia Civil y Policía Nacional, lo que, según indican, implicará la previa "adecuación y redefinición de competencias de los diferentes cuerpos para evitar duplicidades funciones con las policías autonómicas y locales". Además, apuestan por aplicar "los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con criterios de transparencia y participación".
También hacen alusión a las víctimas del terrorismo, señalando que pretenden "reforzar el estatuto de víctimas de modo que se concreten las especificidades propias de las víctimas del terrorismo y su especial consideración institucional". Al tiempo, añaden que tendrán en cuenta a las víctimas en "cualquier iniciativa o medida que sea puesta en marcha en relación con la política antiterrorista y de reconocimiento de las víctimas".
Unidos Podemos
La coalición comunista de Pablo Iglesias y Alberto Garzón plantea un programa muy similar al que presentaron en las pasadas elecciones del 20-D. Ya desde el primer vistazo llama la atención que en el programa electoral hecho público no hay ningún tipo de alusión a la lucha contra el terrorismo, pese a que España es un país amenazada de forma permanente por el yihadismo internacional. Hay que recordar que ni IU ni Podemos formar parte del Pacto contra el Yihadismo. De hecho, en el programa no aparecen los términos terrorismo ni yihadismo ni ninguna palabra derivada.
Proponen la unificación de las bases de datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para mejorar la coordinación entre ambos cuerpos; pretenden modificar "los actuales procesos de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado para que se basen exclusivamente en pruebas objetivas y mensurables"; y reconocerán "la libertad de sindicación dentro de la Guardia Civil y defenderemos que no se aplique el Código Penal Militar a los miembros de este cuerpo".
Al igual que otros partidos, tienen un epígrafe específico para la presencia de las mujeres en las Fuerzas de Seguridad. Plantean desarrollar un "plan específico por la igualdad de mujeres y hombres", crear protocolos "sobre violencias machistas para el personal femenino, con el fin de evitar daños añadidos en su carrera ante una posible denuncia" y realizar "una regulación jurídica del abuso de poder y la discriminación en el ámbito laboral".