Así lo ha anticipado la cadena SER esta misma mañana explicando que, en unos días, el juez Álvaro Martín dará por concluida la investigación sobre la pieza política de los ERE. Significa esto que el caso ERE cobrará nueva e importancia relevancia en plena precampaña electoral si bien estaba previsto que se anunciara en junio antes de que se supiera que volvería a haber elecciones el 26 de junio.
Según la cadena vinculada a Prisa, teniendo en cuenta la instrucción del Tribunal Supremo, "todo hace indicar que procesará a los expresidentes Chaves y Griñán, al exvicepresidente Gaspar Zarrías y a los exconsejeros de Empleo, Hacienda e Innovación José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, Magdalena Álvarez, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Martín Soler y Carmen Martínez Agüayo".
No se sabe si el juez de apoyo decidirá el procesamiento de otros ex altos cargos y personalidades como Braulio Medel, presidente de Unicaja.
El asunto del que se trata es el caso considerado como la "trama política" de los ERE. La tesis de la juez Alaya y del Tribunal Supremo es que hay indicios suficientes para aceptar que todo el caso ERE fue consecuencia de unas decisiones políticas adoptadas según la estructura jerárquica de la Junta para usar dinero público en beneficio del PSOE y de sus empresarios, sindicatos, o electorados amigos.
En esa gran operación política, se idearon procedimientos presuntamente ilegales que sustituyeron la Ley de Subvenciones y la Ley General de la Hacienda Pública por fondos sin control conocidos como "fondo de reptiles" según lo calificó uno de los principales protagonistas del caso, el ex director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero.
La SER subraya que el juez Martín, al que las defensas de los imputados no consideran el juez natural de la instrucción del caso, está ultimando su auto que podrá ser recurrido. Tras la resolución definitiva se pedirán penas para los procesados y se procederá a fijar la fecha del juicio oral.
Cadena de dimisiones
El caso provocó la crisis interna del PSOE con la dimisión inicial de Manuel Chaves, seguida de la de José Antonio Griñán, de la presidencia de la Junta de Andalucía. Posteriormente, la oposición exigió su renuncia a los fueros correspondientes como diputado y senador. Luego llegó el turno de Gaspar Zarrías el del ex consejero José Antonio Viera, la de Magdalena Álvarez, de su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y otros muchos.
También se cobró el caso el apartamiento de la principal instructora desde 2011, la juez Alaya, que aceptó un puesto que le correspondía en la Audiencia Provincial creyendo que conservaría la instrucción de los casos, algo que no fue admitido por su sucesora en el caso que revisó la instrucción troceando el caso y dando prioridad a la pieza "política" que, de quedar en nada, afectaría a la sustancia penal de todo el proceso.