Antonio Ramírez de Arellano ha salido "tranquilo" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde permanece aforado. El actual consejero de Economía, investigado por delitos de corrupción, no piensa abandonar la misma estrategia que han seguido sus compañeros del PSOE regional imputados. Ha defendido ante el juez que instruye su causa que actuó dentro de la "legalidad" y la "normalidad"; que "en ningún caso" se produjo un "menoscabo" de dinero público; e invita a reflexionar "hasta qué punto se quieren utilizar estas vías judiciales para una actuación que en su día no se recurrió".
Pero la Justicia anda lejos de esa exposición. Existen indicios de corrupción en un contrato que adjudicó de forma presuntamente irregular como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. La investigación se centra en la participación de Ramírez de Arellano en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos. El Colegio de Arquitectos de Sevilla entendió en la primera denuncia que el ahora consejero concedió el proyecto de manera "arbitraria". De acuerdo con este criterio, la Fiscalía le atribuye presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
El consejero ha asegurado que el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que denunció el asunto, no se ha personado en la causa, por lo que ha respondido a las preguntas del instructor, el magistrado Juan Ruiz Rico, de la Fiscalía y de su propio abogado. Ramírez de Arellano ha explicado que las actuaciones en la adjudicación fueron "conocidas y vigiladas por todos los procedimientos administrativos, normales y convencionales en una administración pública tan grande como es la universidad".
No dimitirá
"Uno se tiene que preguntar hasta qué punto se quieren utilizar estas vías judiciales para una actuación que en su día no se recurrió. Si había alguna cuestión, en el 2009 cualquier interesado podría haberla recurrido. Al proyecto mixto de ejecución y de obra concurrieron 37 empresas, se interesaron 80, salió en el Boletín de la Unión Europea y sin embargo nadie presentó ningún recurso", ha manifestado el consejero de Economía. Sin embargo, no ha querido "especular" sobre las circunstancias que han rodeado la presentación de la denuncia por parte del Colegio de Arquitectos.
Ramírez de Arellano dice estar "a disposición de los jueces, de los magistrados y del Ministerio Fiscal siempre para dar todas las explicaciones oportunas de cualquier actuación que pudiera resultar dudosa", lo que se tiene que hacer .
El socialista ha indicado que nunca ha especulado ni especulará con dimitir, y, en cuanto a si cree que el asunto acabará archivándose ha optado también por no apresurarse ni hacer valoraciones sobre su declaración. "Prefiero esperar, porque es competencia del tribunal hacerlo. Cualquier valoración de carácter político quiero evitarla, porque es una cuestión de la universidad de Sevilla, cuando era vicerrector y ahí debe de quedar el tema", ha concluido.
Concesiones "decididas de antemano"
El Alto Tribunal andaluz abrió la investigación el pasado 12 de abril. Según el auto de apertura, de los informes policiales se desprende "la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros". Es decir, que la Justicia maneja indicios de que Ramírez de Arellano colocó la obra a dedo. "De comprobarse cierto, podría resultar imputable a Antonio Ramírez de Arellano, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones", concluye el TSJA.
Según los magistrados, el contrato se adjudicó "sin que arquitectos ajenos a dicho estudio hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones, y sin que, por otra parte, pueda descartarse que tales adjudicaciones hubiesen sido decididas de antemano como un conjunto". De los documentos recabados puede establecerse la sospecha de que la concesión "fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad", añade el Tribunal Superior.
"El examen de las tres propuestas presentadas permite sospechar que las dos no elegidas lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente, y que incluso una de ellas pudiera ser falseada, al haber manifestado una de las proponentes que no presentó ninguna oferta, y que la firma que aparece, aunque se parece a la suya, 'no es su firma'". En resumen, el máximo órgano jurisdiccional de la región concluye que "los hechos referidos, en caso de ser confirmados, podrían tener relevancia penal". Se dirigen contra Ramírez de Arellano porque "el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por él en su calidad de vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación".