"Nuestra convicción es que fue una orden política del Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo". Esta afirmación tan contundente fue realizada durante el juicio del caso Faisán por el comisario de la Policía Nacional Carlos Germán, el hombre que estaba a cargo del operativo policial contra la estructura de extorsión de ETA el día del chivatazo y el designado también para investigar quién y por qué se realizó el soplo a la banda.
El entonces máximo responsable de la Policía estuvo imputado durante meses en la Audiencia Nacional pero finalmente, y después de que la causa pasase por diferentes jueces del tribunal, terminó por librarse de esa imputación y no tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados junto a los después condenados Enrique Pamiés (Jefe Superior de la Policía en el País Vasco en el momento de los hechos) y José María Ballesteros (inspector de la Policía).
Pese a los intentos de negar los hechos o restarles importancia, la investigación llevada a cabo por el equipo de Carlos Germán sacudió los cimientos del Ministerio del Interior, que en esos momentos estaba controlado con mano de hierro por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Y no solo por la imputación temporal de García Hidalgo, sino también porque el teléfono del entonces Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, acabó en la lista de las 17 llamadas clave del chivatazo.
Las 17 llamadas clave
La decisión de lanzar la operación policial contra la red de extorsión de ETA se tomó en la tarde del 3 de mayo de 2006 en el despacho de un juez de la Audiencia Nacional. La puesta en marcha de la misma llegó rápidamente a oídos de Enrique Pamiés, quien informó a Víctor García Hidalgo de todos los detalles, incluyendo la lista de detenidos prevista. La primera llamada apenas duró 28 segundos, pero una segunda posterior se prologó por espacio de 7 minutos.
El entonces director de la Policía se puso en contacto con Antonio Camacho, número dos de Interior y hombre de confianza de Rubalcaba. Una primera llamada se realizó a las 22:50 horas y se prolongó durante 2 minutos. Nada más colgar, a las 22:52, vuelve a llamar, pero esta vez solo hablan por espacio de 21 segundos. Las llamadas continúan. A las 23:20 horas, Pamiés vuelve a llamar a García Hidalgo y hablan durante 10 minutos y 43 segundos.
El por entonces jefe de la Policía en el País Vasco habría intentado contactar con el dueño del bar Faisán esa noche, pero al no conseguirlo, llamó a un policía de confianza, el inspector José María Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Álava y especializado en terrorismo yihadista, para encargarle que se desplazase a la mañana siguiente hasta Irún para poner en aviso a Joseba Elosúa y sabotear la operación policial.
La misma mañana del 4 de mayo, García Hidalgo llamó a Pamiés a primera hora de la mañana. Exactamente, a las 8:43 horas, y hablaron durante apenas 45 segundos. Una hora después, a las 9:47 horas, fue el número dos de Interior, Antonio Camacho, quien se puso en contacto con García Hidalgo. La conversación entre ambos duró 3 minutos y 30 segundos.
Pamiés y Ballesteros cruzaron todavía tres llamadas antes de que se produjese el chivatazo. La primera, a las 11:04 horas, con una duración de 1 minuto y 10 segundos. La segunda, a las 11:10 horas, que duró 58 segundos. La tercera, a las 11:13 horas, de 27 segundos. A las 11:23 horas se realizó la llamada del chivatazo, una comunicación de Ballesteros a Pamiés que se prolonga durante 8 minutos y 11 segundos, según los datos recogidos por los investigadores, y en la que entregó en el bar Faisán el terminal telefónico a Elosúa para que fuese advertido por Pamiés de la operación policial.
Minutos después del soplo policial a Elosúa, el máximo responsable de la Policía en el País Vasco llamó en dos ocasiones al director general de la Policía, pero no pudo contactar con él, ya que García Hidalgo se encontraba en ese momento en la toma de posesión de Joan Mesquida como director general de la Guardia Civil, un acto que se estaba celebrando en el ministerio del Interior y en el que también estaba presente Antonio Camacho.
Fracasados los intentos de Pamiés por ponerse en contacto con García Hidalgo, el jefe de la Policía en el País Vasco se puso en dos ocasiones con Ballesteros, que estaba regresando desde Irún a Vitoria, donde estaba destinado. Finalmente, el director general de la Policía devolvió la llamada a Pamiés, un contacto telefónico que duró 4 minutos y 26 segundos.
Salvar al peneuvista Aguirre
La operación policial destinada a acabar con la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006 iba a tener una amplia lista de detenidos a ambos lados de la frontera hispano-francesa, pero según las pesquisas de los investigadores policiales el objetivo no era impedir las detenciones de los terroristas de ETA, eso no ponía en peligro la negociación política que Gobierno y ETA mantenían en esos momentos, sino la de uno de los miembros de la Ejecutiva del PNV.
La mañana anterior al soplo a ETA, la Policía había desplegado un importante dispositivo en uno de los montes que separan Oyarzun y Rentería, en Guipúzcoa. Allí, en sidrería Eguiluce, ubicada en un caserío con el mismo nombre, se producía un encuentro con presencia de personas relevantes dentro de la estructura de extorsión y recaudación de la banda. Entre ellos, Joseba Elosúa y el terrorista José Ramón Sagarzazu Olazaguirre, uno de los principales responsables de la economía etarra.
Al encuentro también acudió uno de los dirigentes más influyentes en el seno del PNV y responsable hasta su fallecimiento de las relaciones exteriores del Euskadi Buru Batzar, Gorka Aguirre. Su relación con el aparato de extorsión de ETA no era algo nuevo para las Fuerzas de Seguridad, que ya habían detectado la participación del veterano dirigente del PNV en diferentes transacciones referentes a la extorsión etarra desde el año 2004.
Su papel era el de crear vías de contacto entre la banda terrorista y los empresarios extorsionados afines al PNV, con el objetivo de negociar las cantidades y el modo de pago. Es por este motivo por el que los teléfonos de Aguirre se encontraban intervenidos por la Policía, lo que permitió grabar conversaciones del dirigente peneuvista relativas a la extorsión con algunos de los implicados en la estructura económica de ETA, así como con otros exdirigentes políticos, como Xabier Arzalluz.
Los investigadores policiales determinaron que el dirigente del PNV se había desplazado hasta allí para entregar a Elosúa, con Sagarzazu como testigo, cierta cantidad de dinero procedente del pago de un empresario vasco extorsionado por la banda terrorista. Dinero al que los tres interlocutores se refirieron en todo momento como "nueve botellas de vino" –cada botella serían 6.000 euros, según los investigadores–. Ese dinero debía ser recogido al día siguiente por el etarra José Antonio Cau.
Estaba previsto que Gorka Aguirre fuera uno de los detenidos ese 4 de mayo, una detención que habría coincidido con el encuentro que ese mismo día iban a mantener en el Palacio de La Moncloa el por entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el líder del PNV, Josu Jon Imaz, quien iba a dar su respaldo a la negociación política que el Ejecutivo estaba manteniendo en esos momentos con la banda terrorista ETA.